En vísperas de fin de año las Administraciones públicas competentes nos bombardean con la noticia de que este año habrá un mayor control del acceso de menores a las fiestas que se celebrarán esa noche. Debido a que lo que se trata de evitar es que numerosos adolescentes beban lo indecible, tal vez eso no sea suficiente. La mayor parte de los menores de 18 años que salen lo hacen a un botellón, por lo que la medida anterior no impedirá cientos de comas etílicos. Es una labor a medio plazo, pero la policía debería personarse noche tras noche en los lugares donde se reúnen los menores a beber, y multarles por un importe que deberán afrontar sus padres. Cuando a estos les vayan a la cartera se empezarán a tomar el problema en serio, pues hasta ese momento resulta más cómodo echarle la culpa a un sistema que no ofrece ocio alternativo. Nadie tiene por qué convertirse en guardián nocturno de nuestros hijos. La obligación de educarlos y alejarlos de las malas costumbres atañe por encima de todo a los progenitores. Dejarles salir, sabiendo que van a intentar batir su propio récord de ingesta de alcohol sin caer desplomados, no es responsabilidad ni de la Xunta ni del Ayuntamiento de turno. Estas instituciones tienen como finalidad que se cumpla la ley, y si algún menor no lo hace, que los padres se atengan a las consecuencias. Ser padre, entre otras cosas, es lidiar cada día con sus hijos para intentar convertirlos en ciudadanos de bien. Si alguno espera a que las Administraciones públicas lo hagan por ellos, mejor que se siente. En este caso, que se siente a razonar con sus vástagos adolescentes.