La confianza de los consumidores bajó en el último dato mensual, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, tanto por lo que respecta a la situación presente como a las perspectivas de futuro. Y no debemos olvidar que es el principal motor de la actual recuperación del PIB (pues la demanda externa sigue teniendo una aportación negativa). Citroën ha rebajado sus previsiones de producción para este año, con nuevos ajustes y ceses de actividad.
Supimos en octubre que un tercio de los contratos que se firmaron en Galicia este verano duraron menos de una semana, contratos que multiplican por seis veces el número de los indefinidos, según datos del Instituto Galego de Estatística. Y que en Galicia el pasado mes de septiembre se anotó la peor destrucción de empleo de los últimos cuatro años. Con este panorama no extraña comprobar en un informe que más de la mitad de los jóvenes españoles asuman que tendrán que emigrar.
En el conjunto de España (datos de Save the Children) casi el 17 % de los niños padecen pobreza extrema, mientras seguimos muy por debajo de la media europea en gasto público para protección de la infancia. Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza siguió aumentando en Galicia en el último año, alcanzando ya a uno de cada cuatro ciudadanos; hoy tenemos a más de ciento treinta mil de nuestros vecinos en situación de pobreza extrema.
A todo ello no es ajeno que el número de trabajadores que cobran menos de trescientos euros en el conjunto de España se haya incrementado en medio millón desde el inicio de la crisis, según datos de la Agencia Tributaria. O el hecho de que casi la mitad de los jubilados sobrevivan con una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, lo que -por cierto- no impide que cuatro de cada diez jubilados ayuden económicamente a otros familiares. Así están las cosas.
Añadamos que la economía 4.0 anotó el despido en una de nuestras ciudades de doscientos trabajadores de una empresa de telemárketing, al parecer para transformarlos en contratos a tiempo parcial y aún más precarios. O que en las empresas auxiliares del sector naval se denuncia una moderna esclavitud, ya que se están trabajando catorce horas al día por novecientos euros mensuales. O que en la sanidad pública se cuentan por miles las situaciones de personal temporal, personal que podría vivir en fraude de ley según recientes fallos de la justicia europea.
En agosto, en fin, el nivel de nuestra deuda pública ya superaba en tres mil millones el objetivo marcado para el cierre del año, mientras el vertiginoso vaciado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se nos informa que está provocando una reducción espectacular de los ingresos (por intereses) que se venían obteniendo de dicho fondo (entre enero y agosto, unos cuatrocientos millones menos).
En este ambiente la Comisión Europea anuncia, superado nuestro lío en la Moncloa con el molde alemán, nubarrones presupuestarios en el horizonte.