«Teñen dous vellos na casa e cobran os dous». La frase, tantas veces escuchada, resumía la importancia de los jubilados del régimen agrario en la Galicia rural. Sus pensiones no eran un complemento de las economías domésticas, sino su principal sostén. La Seguridad Social les proporcionaba más ingresos que la renta agraria. Y al abuelo y a la abuela había que cuidarlos como oro en paño: por amor, claro, pero también para que la renta familiar disponible no se fuera a pique.
Pero ¿de dónde salía el dinero? No todo, ni mucho menos, de las magras cotizaciones de labradores y ganaderos en activo. La Seguridad Social siempre fue deficitaria en Galicia. La diferencia entre ingresos y gastos la cubrían los afiliados del régimen general, es decir, los asalariados de toda España. Galicia vivía -y aún vive- apoyada en la muleta de un sistema redistributivo y solidario. En la época de vacas gordas, empresas y trabajadores a sueldo no solo mantenían a flote el antiguo régimen agrario: pagaban todas las prestaciones contributivas y aún ahorraban grandes sumas para llenar la hucha de las pensiones. Estalló después la crisis, millones de cotizantes marcharon al paro, se desplomaron los ingresos de la Seguridad Social, todo el sistema -no solo las cuentas gallegas- penetró en la senda del déficit creciente y la hucha está ahora mismo en un tris de agotarse.
Me pareció oportuno recordar esas cosas cuando, como preámbulo del gran debate aplazado, nuestras autoridades se proponen incentivar la suscripción de planes de pensiones privados y hacer compatible el cobro de una pensión con el trabajo por cuenta propia o ajena. Ambas propuestas, aparentemente razonables, expiden un tufillo a coartada para recortar las pensiones e iniciar el desmantelamiento del sistema.
No seré yo quien cuestione la libertad de cada cual para suscribir el plan privado que más le convenga. Ni quien critique a la Administración si decide mejorar el tratamiento fiscal que dispensa a los ahorradores. De ahorrar para la vejez, guardando el dinero debajo del colchón o plantando pinos en la leira, sabemos mucho los gallegos. Pero sugerirnos que nos hagamos un plan privado, que compense los recortes que vienen, delata una clara voluntad de demoler el sistema público de pensiones. Porque extirparle su carácter redistributivo supone aniquiliarlo. Si cada jubilado va a cobrar exactamente lo que ha ahorrado a lo largo de su vida, ¿para qué diablos queremos la Seguridad Social? Que cada uno ahorre lo que pueda; y el que no pueda, que se jorobe o que trabaje hasta el fin de sus días.
Y no se me diga que no hay dinero para pagar las pensiones públicas si, al mismo tiempo, se nos dice que lo hay para pagar la cuota a la aseguradora o la mutua privada. Una de dos: o hay capacidad de ahorro o no la hay. Y si la hay, deberemos decidir entre pensiones públicas para todos o pensiones privadas para quienes pueden permitírselo. Galicia, desde luego, no puede.