Estamos absorbidos por la sublevación socialista y en hacer cábalas por cómo va a acabar el cuento, aunque sabemos de sobra quién se va a beneficiar de la trifulca. Y casi se nos pasa desapercibido que los tribunales de Justicia comenzaron a juzgar cómo se entiende la gestión pública en España, cómo se rigen nuestros dineros y un estilo de vida que nos ha llevado a sufrir una crisis extraordinariamente dolorosa de la que aún desconocemos su final.
El juicio por las tarjetas black de Bankia, el de Palma y el de la primera pieza del caso Gürtel va a ponernos al descubierto, si es que no lo está ya, la otra España; esa que contribuyó a ahondar la depresión permaneciendo ajena al sacrificio de la mayoría de los ciudadanos mientras nos impartía lecciones de ética y buenos modales. Porque quienes estos días se sientan en los banquillos han sido la bandera y el símbolo de gran parte del desaguisado que aún vivimos y del que hay que responsabilizar única y exclusivamente a quienes pusieron las instituciones a su servicio y al de su pandilla.
No veamos en estos juicios solo los rostros de Munar, Rato, Blesa, Correa, Crespo, Bárcenas, Mato o el propio PP con su eterna financiación irregular. Fijémonos en los que estaban detrás, en los procedimientos, en sus conductas y en las prácticas corruptas generalizadas durante un tiempo en el que, mientras miles de empresas cerraban sus puertas, el paro se disparaba y muchos ciudadanos perdían su techo, ellos dilapidaban el país. Y seamos conscientes también de que no están todos los que son, pero que los que están son la bandera de la desvergüenza.
Decía René de Chateaubriand que «la justicia es el pan del pueblo, que siempre está hambriento de ella». En pocas ocasiones tuvimos tanta necesidad de que se haga justicia no solo a quienes despilfarraron nuestros ahorros y nuestras vidas, sino a una forma de gestionar nuestro futuro. Lo que se juzgan son las desvergüenzas de unos caraduras.