Investidura, Navidad y la pensión del abuelo

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

03 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Bastante antes de las vacaciones, un cronista parlamentario me alertó: «Están jugando con el calendario para hacer que las elecciones caigan en Navidad o Año Nuevo. Es la forma de forzar al PSOE a votar la investidura de Rajoy». Me negué a creerlo. Incluso hoy me niego a creer que alguien pudiera forzar el calendario para que las elecciones se tuvieran que celebrar el peor día del año. Tiene que haber sido una casualidad, algo no preparado con tanta maldad, porque ¿a quién se le puede ocurrir idea tan descabellada? ¿Quién puede condenar a miles de ciudadanos a pasar ese día en las mesas electorales? ¿Quién puede romper la unidad de miles de familias en el día más entrañable del año? ¿Quién puede condenar a un trabajo excepcional a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y otros servicios públicos? ¿Quién puede poner al rey de España en el brete de decir su mensaje de Navidad en plena jornada de reflexión?

Sí, sí: tuvo que ser un error, una mala jugada de las fechas y, en todo caso, un esfuerzo inútil, porque, como ayer se vio, no sirvió para convencer a los socialistas para que den el sí a Rajoy. Solo sirvió para irritar a la ciudadanía, por si no estuviese bastante irritada con la falta de acuerdo para formar Gobierno. Y solo sirvió para que una mayoría -posiblemente detectada por el Centro de Investigaciones Sociológicas- decidiera eso tan hispánico de «va a votar su padre». Podríamos haber batido todos los récords de protesta en forma de abstención. Podríamos, en consecuencia, haber puesto en peligro la legitimidad de todo el proceso electoral y del Gobierno surgido de él.

El PP debe haber visto esas orejas del lobo, porque se dispone a rectificar. Otros partidos habían lanzado la iniciativa de modificar la Ley Electoral para votar el 18 de diciembre, y el PP se la apropia para quedar como el partido razonable que no cabrea al personal. Por una vez se da una satisfacción a la opinión pública. Pero yo quiero hacer un subrayado: cuando hay voluntad política de corregir algo, se corrige. No existe inconveniente legal. Sin embargo, ayer mismo se nos dijo que no se podrán revisar ni pensiones ni sueldos públicos porque un Gobierno en funciones no puede aprobar los Presupuestos.

Técnicamente es así. La Ley Electoral se puede reformar si la iniciativa es parlamentaria, porque el Congreso no está en funciones. La pensión del abuelo no se puede subir, porque es tarea del Gobierno. ¿Y por qué nadie propuso en el Congreso subir las pensiones, igual que propone cambiar una ley básica del sistema? Ayer lo prometió Pedro Sánchez, pero después de las amenazas de congelación. Eso demuestra que el pensionista es algo políticamente menor, o que las pensiones no son una prioridad.