Galicia es la sexta comunidad autónoma en cuanto al número de denuncias interpuestas por violencia machista. Durante el 2015 se registraron 5.210. Un número más que importante para tomarse en serio esta lacra. Afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico se ha puesto medianamente al día en cuanto a medidas encaminadas a garantizar la seguridad de las mujeres maltratadas. La intención es la mejor, pero los medios son escasos, según denuncia el Sindicato Unificado de la Policía. La prioridad de inversión debe ser absoluta, no veo nada más importante que garantizar la seguridad de las citadas gallegas que se han decidido a denunciar a sus maltratadores, sin olvidarnos de las que no lo han hecho por las más diversas razones, entre las cuales el miedo ocupa la primera posición.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha hecho mucho por las mujeres en España. Solo le veo un defecto en su aplicación cotidiana. Que no se dé con más frecuencia traslado al ministerio fiscal de las denuncias falsas. Sabiendo que con una denuncia se activa un protocolo realmente perjudicial contra el hombre, el odio aflora, y tras poner en conocimiento del juzgado hechos que en realidad no ocurrieron, se inicia el calvario de alguien que como única culpa tiene la de estar en el punto de mira de una embustera. Una ley extraordinaria con matices a la hora de descubrir una farsa.