Algo no funciona en las playas gallegas. La Federación de Socorristas asegura que Galicia es la segunda comunidad con más ahogamientos en el primer semestre, con 36 muertos, lo que es altamente preocupante. La Xunta presta una subvención a los concellos, pero por lo que podemos deducir, o esta no es suficiente, o no es bien aprovechada por determinados municipios. Solo dos ejemplos: los recientes ahogamientos de dos hombres en las playas de Nigrán y Ribeira. La primera carece de socorristas por causa de los recortes, y Ribeira sí los tiene, pero el ahogamiento ocurrió cuando estos habían terminado su servicio. Ninguno de los dos casos es de recibo. Que fallezca una persona por escatimar en tan imprescindible gasto es de juzgado de guardia y que se permita el baño cuando los socorristas han terminado su jornada también lo es. Tendrán que poner un vigilante que impida a cualquier contribuyente arriesgar su vida. La falta de socorristas es más habitual de lo que pueda parecer, pues asistimos tristemente al hecho de que una emblemática playa como la de Miño se ha quedado sin las tres banderas azules que tenía concedidas por falta de estos profesionales, y los políticos de turno echándole la culpa a que no se encuentran por mucho que se busquen. ¿Se han olvidado de que estamos en un país donde una juventud abrumadoramente desempleada desea trabajar y no tiene dónde? Lo malo es que también quieren cobrar, y eso va en detrimento de unas arcas municipales en principio destinadas a adecentar las poltronas de sus gobernantes. El gasto en socorristas debe ser prioridad absoluta. Y si no hay dinero, que se dejen de costear innecesarias obras realizadas con el fin primordial de ser inauguradas en vísperas de elecciones municipales. O que se reduzcan los sueldos de los ediles y con ese dinero se abonen las nóminas de los socorristas. Dos ideas no necesariamente malas para los bañistas, pero pésimas para alcaldes y concejales.