Circula estos días en las redes sociales un escrito apócrifo en el que, desde una pretendida posición crítica, se realiza una diatriba descalificatoria contra la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En esencia, el anónimo autor dice dos cosas: que el Fondo de Reserva es la garantía de las pensiones futuras y que es una estafa y un riesgo enorme que los recursos del fondo estén invertidos en deuda pública española. Su conclusión es que la combinación de ambas cosas anticipa la quiebra del sistema de pensiones en España. Es difícil decir tantas barbaridades en un mensaje de WhatsApp.
Nuestro sistema de pensiones es un modelo de reparto y no de capitalización, lo que significa que las pensiones que se cobran cada mes se financian con las cotizaciones que se ingresan en la Seguridad Social cada mes. Para entenderlo mejor es bueno conocer las cifras. En el 2015 el gasto en pensiones en España alcanzó los 125.000 millones de euros y por lo tanto es fácil estimar que en los próximos diez años el gasto acumulado superará los 1,5 billones de euros. Frente a esta cifra enorme, el Fondo de Reserva dispone en la actualidad de 32.381 millones de euros, una cifra insignificante que apenas llegaría para pagar las pensiones de tres meses. Si el fondo fuera la garantía del futuro del sistema de pensiones, aviados estábamos.
Más sorprendente es la crítica a que en su gran mayoría esos 32.000 millones están invertidos en deuda pública española. ¿Cuál es el problema? La deuda pública es el activo financiero más seguro y cualquier criterio prudencial de gestión recomienda que tenga un peso determinante en las carteras de los fondos de pensiones, privados incluidos. Y, obviamente, los recursos de nuestro fondo deben estar invertidos en deuda pública española y no alemana o mucho menos especulando en la bolsa.
La deuda pública en España ya está por encima del billón de euros, de tal forma que si realmente existiese un riesgo de impago el menor de nuestros problemas serían los 32.000 millones del fondo, porque son apenas el 3 % del total de una quiebra del Estado que tendría efectos demoledores sobre toda la economía y la sociedad.
Ninguno de estos son los problemas reales de nuestro sistema público de pensiones, que sí los tiene. No para poner en peligro su existencia pero sí para limitar su actuación protectora. El desempleo, que afecta a la relación entre cotizantes y pensionistas; la devaluación salarial, que deteriora las bases de cotización y las rebajas en las cotizaciones en sus múltiples variantes, reducen los ingresos de la caja única de la Seguridad Social, que tiene que buscar alternativas de financiación para evitar que los recortes en las pensiones sean la variable de ajuste para equilibrar las cuentas.
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