El castellano como enemigo público número 1


Hace poco más de un mes un nutrido grupo de filólogos adscritos al nacionalismo radical y agrupados en la denominada asociación Llengua i República hizo público en Barcelona un manifiesto disparatado -conocido como Manifiesto Koiné- que, baja el lema «Por un verdadero proceso de normalización lingüística en una Cataluña Independiente», constituye una muestra de sectarismo lingüístico y social que avergonzaría incluso a sus firmantes si en lugar de hablar de los inmigrantes del resto de España en Cataluña lo hicieran de los procedentes de cualquier otra parte del planeta.

Y es que los redactores del Manifiesto Koiné sostienen que Cataluña ha sufrido un proceso de «bilingüización forzosa de la población» como consecuencia de la «inmigración llegada de territorios castellanohablantes», inmigración que habría funcionado como elemento de colonización lingüística. Ese proceso, reforzado según los firmantes por el régimen constitucional de 1978, que habría permitido la continuación «de la imposición política del castellano en Cataluña», sería el responsable de la supuestamente terrible situación que hoy vive el catalán en Cataluña.

Hay que ser muy sectario y hasta algo más que un punto de racista para afirmar cosas como esas. Y además, muy desvergonzado, para proclamarlas en una comunidad donde se ha practicado la llamada política de inmersión lingüística -como consecuencia de la cual el castellano ha desaparecido de la vida oficial e institucional de Cataluña y se ha convertido en la enseñanza no universitaria en una lengua con menos presencia que el inglés- y donde se multa a diario a los empresarios por no rotular en catalán sus comercios y negocios.

Pero nada de esto importa para unas fuerzas políticas y sociales que se han instalado en el delirio y la mentira institucionalizada. La prueba es que los autores de esa supuesta Constitución que tendrá a corto plazo una Cataluña republicana e independiente han previsto desproveer allí al castellano del carácter de lengua oficial para atribuírsela en exclusiva al catalán y al aranés.

¿Importa algo que según los datos de la propia Generalitat el castellano sea hoy en Cataluña la lengua de uso habitual del 51% de la población, por un 36% del catalán, o que, según un sondeo del CIS de marzo de este año (número 3.108) el castellano sea la lengua materna del 49% de la población, frente a un 43% que tiene por lengua materna el catalán?

No, no importa nada en absoluto. Porque para el nacionalismo catalán, como para el vasco, el gallego, el valenciano o el balear, la presencia del castellano en los que consideran territorios de su exclusiva propiedad resulta una anomalía a exterminar y no la lógica y rica pluralidad de un país donde la población lleva decenios moviéndose de un lugar a otro y donde todos los españoles somos por ello mestizos de pura cepa, según la insuperable expresión del profesor Félix Ovejero.

Los nacionalistas protestan airadamente cuando se les acusa de ser enemigos de la libertad y el pluralismo. Pero en cuanto tiene la menor ocasión demuestran serlo sin el más mínimo rubor.

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El castellano como enemigo público número 1