La publicación de los papeles de Panamá, fruto de una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ha sacado a la luz los problemas de las fiscalidades opacas y la existencia de territorios donde algunas empresas se benefician de sus benignas condiciones fiscales y logran esquivar a las arcas públicas del resto del mundo.
El principal problema radica en que no hay una definición clara de lo que son los paraísos fiscales, ni una lista homogénea de cuántos son. La Comisión Europea, en su intento de luchar contra la evasión fiscal, elaboró una «lista negra» en la que se incluían hasta 30 Estados considerados «paraísos». Lo paradójico es que el actual presidente de la citada institución (J. C. Juncker) ha sido ministro de Finanzas de Luxemburgo, Estado que algunos consideran un auténtico paraíso fiscal. Por ello, no es de extrañar que en dicho listado no figuren ni Luxemburgo ni Gibraltar.
A consecuencia del revuelo levantado por los llamados papeles de Panamá, Bruselas ha reaccionado y quiere una auténtica lista europea de paraísos fiscales y que se fijen, con claridad, los estándares internacionales que los identifique. Asimismo exigirá, a través de la modificación de la directiva vigente, a las multinacionales que hagan público al detalle su actividad, sus ingresos y los impuestos que pagan en cada país.
Pese a todo lo leído estos días, no hay nada ilegal en tener una cuenta offshore, por lo que el problema se halla en que la ley está mal diseñada, como afirmó Barack Obama, ya que permite la opacidad, dificultando el intercambio de información al retrasar los requerimientos de información de las autoridades fiscales. Por lo tanto, si el problema está en la ley, la solución la tiene el legislador.
No se trata de inferir en las políticas económicas de otros Estados, sino de acabar con ciertas prácticas que los convierten en paraísos fiscales. En primer lugar, se debería poner fin definitivamente al secreto bancario. En este sentido, Estados Unidos lidera la lucha contra este secreto, especialmente a partir de los atentados del 11S, al considerar que el terrorismo internacional, entre otros, se aprovechaba de la discreción de países como Suiza. En segundo lugar, habría que consolidar un auténtico intercambio de información y la lucha contra la erosión de las bases imponibles. Este ha sido, desde hace tiempo, el principal objetivo de la Unión Europea. La tercera medida debería ir encaminada a conseguir una mayor cooperación de los paraísos fiscales a través de una mayor presión por parte de los Estados poderosos (G20; G7), de forma que facilitasen información sobre empresas, propietarios, etcétera, instalados en ellos.
La última medida podría consistir en establecer un sistema de sanciones para aquellas empresas radicadas en países incluidos en la lista negra. Las sanciones se materializarían, no solo a través de multas económicas, sino con restricciones que impidieran, a esas empresas, acceder a contrataciones públicas o beneficiarse de ayudas estatales y europeas.
A pesar de todo, es muy difícil que los paraísos fiscales vayan a desaparecer. Mientras haya un país con una tributación muy alta, aparecerán competidores que ofrezcan una fiscalidad más atractiva. No obstante, es necesario poner en marcha una legislación que evite la evasión.