Sobre el ya exministro Soria escribí aquí mismo el pasado jueves: «Engañar a la opinión pública tiene un precio carísimo, el cese, la obligación de dimitir y la expulsión deshonrosa de la vida pública». Todo eso se cumplió a las 48 horas y no tengo nada que añadir. Sobre Manos Limpias y Ausbanc dije ayer mismo, y también en estas páginas, que sus extorsiones eran escalofriantes y terminaba así mi crónica: «Otro capítulo para añadir a la lista de cosas que dan asco en este país». Los responsables de ambas asociaciones fueron detenidos a las 24 horas y tampoco tengo nada que añadir: si practicaron el chantaje, que hable la Justicia y castigue el vomitivo delito.
Espero que la dimisión de Soria, el encarcelamiento de Conde, la libertad con cargos del todavía alcalde de Granada y estas detenciones sean el cierre de unos días aciagos para la honradez. Ahora se plantea una grave cuestión: quién asume las responsabilidades políticas, si las hay, de este aluvión de noticias que volvieron a situar a la corrupción como el principal ingrediente informativo español.
En el caso de Mario Conde habría que pedírselas a quienes en su día permitieron que la cárcel le saliera rentable, porque mantuvo el patrimonio expoliado a Banesto: los jueces que se olvidaron de anotar el embargo de sus fincas en el Registro y los encargados de su vigilancia fiscal, que asistieron impasibles a sus ostentaciones mientras se declaraba insolvente. Algo muy parecido, en Ausbanc y Manos Limpias: como ayer decíamos, sus formas de actuación estaban en el rumor. Si el Gobierno no estuviese en funciones, tendría que explicar por qué no investigó antes a esas entidades, de forma que se ha permitido de hecho la práctica del chantaje.
En Granada hay la responsabilidad de quien no ha sido ejemplarizante en la sanción de las corrupciones, en la imposición de normas éticas y en la vigilancia de los cargos. No es normal que el Partido Popular ande por los juzgados en dos grandes municipios, Valencia y Granada.
Y en cuanto al ministro Soria, la exigencia de responsabilidad política fue señalada por el propio presidente Rajoy en la entrevista con Jordi Évole: la asumiría si los implicados fuesen él mismo o «una persona del Gobierno nombrada por mí». Rajoy se arrepentirá de esa frase, porque Soria ha sido nombrado por él. Yo no le pediré al presidente que dimita ni que ande el resto de su vida dándose golpes de pecho por haber designado a un amigo de tanta confianza. Pero sí se le debe exigir lo mínimo en democracia: que vaya al Congreso a explicarlo. Quienes apreciamos a Rajoy no queremos de él esa estampa que da cuando hay un lío: meterse en coche y escapar. La ejemplaridad política exige otro pundonor.