Ante la solución independentista reclamada desde regiones ricas (que en nuestra entrega anterior no se intentó justificar, aunque sí entender) en el resto del Estado observo dos reacciones distintas. Por un lado, la de mantener tal cual la vieja unidad estatal nacional y su actual mecanismo de cohesión interna -la España de las autonomías- y, por otro, la de renegociar el encaje (cultural, político pero, sobre todo, fiscal) territorial interno en una profunda reforma constitucional.
En este segundo caso se trataría de consensuar un nuevo pacto fiscal interno. En el que las regiones menos ricas (Andalucía, Extremadura o Galicia, entre otras) contarían con menos recursos que en la actualidad para financiar el Estado de bienestar que provee la cobertura de necesidades preferentes para sus ciudadanos.
Esta es la posición que se deriva -con no poca vaguedad- de los programas del PSOE, de Podemos o de Unidad Popular. Con una propuesta, a concretar, de reforma constitucional que habría que refrendar (en el conjunto de España, incluida Cataluña) en su momento. Solo así sabríamos qué mayoría social (dentro de Cataluña y en el resto de España) asume ese nuevo pacto de cohesión.
Una vez admitido que la crisis social en España está hoy, nos guste o no, inextricablemente entrelazada con la crisis del Estado de las autonomías (aunque la desborde ampliamente) no queda más remedio que ponerse manos a la obra para tener claro cómo, con qué y con quiénes podremos apuntalar un Estado de bienestar que se nos tambalea (y que es una rara avis a escala mundial).
Si se acepta por el PSOE que el marco de resolución es una reforma constitucional, no veo yo la razón para la imposibilidad de un refrendo consultivo previo (artículo 92 de la Constitución), que nos aclare si en Cataluña existe hoy una amplia mayoría social que apueste por intentarlo (frente a la opción de la independencia unilateral). Algo que sugieren los sorprendentes resultados electorales de Podemos tanto en Cataluña como en el País Vasco.
Un tal referendo consultivo previo, para proceder a una posterior reforma constitucional federal, desbloquearía, como se comprobó el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, la proclamación de un Gobierno de izquierdas, al favorecer -al menos- la abstención de los grupos nacionalistas.
No obstante, una vez comprobada en esa consulta que una rotunda mayoría de catalanes discrepa de la independencia, habría que pasar a concretar esa reforma constitucional. Una reforma que provocaría ganadores y perdedores en nuestras sociedades (respecto a la situación actual dentro y fuera de Cataluña) y que, por ello, tendría que ser refrendada en ambos espacios políticos.