Lecciones del Supremo sobre el «Prestige»

Albino Prada
Albino Prada CELTAS CORTOS

OPINIÓN

12 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La reciente anulación por parte del Tribunal Supremo de aspectos muy relevantes de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de noviembre del 2013, aclara muy mucho la calificación de los hechos y responsabilidades asociados a las catastróficas mareas negras producidas en noviembre del 2002 en el naufragio del buque Prestige.

Lo primero que hace es corregir la calificación de conducta arriesgada del capitán y de los armadores por la de «un delito imprudente contra el medio ambiente en la modalidad agravada de deterioro catastrófico» (p. 69), una imprudencia grave contra el medio ambiente que, de acuerdo con el artículo 45 de nuestra Constitución, reclama sanciones penales. Al mismo tiempo precisa que la conducta del director general de la Marina Mercante, sobre el alejamiento del buque de la costa, «no reúne los presupuestos que permitan encajarlo en el delito contra el medio ambiente y daños por el que fue acusado» (p. 51).

Siendo esto así, las responsabilidades civiles podrán y deberán exigirse, de forma ilimitada por el monto de los gastos públicos ocasionados, los daños económicos y los ambientales a los aseguradores del buque. Asumiendo que «se declara igualmente la responsabilidad civil del FIDAC con los límites establecidos en el Convenio que lo regula» (p. 68), es decir por 135 millones frente a unos daños no ambientales que ascienden a más de 600 millones.