El próximo martes van a juzgar en Madrid a ocho trabajadores de la empresa Airbus, una de las últimas grandes fábricas que quedan en el cinturón de la capital y que es un bastión del movimiento sindical desde los tiempos en que la empresa se llamaba Construcciones Aeronáuticas (CASA). Podría parecer una broma o una historia traída de nuestro peor pasado, pero no lo es: si el juez acepta la petición de la fiscalía, cada una de estas personas sería condenada a ocho años de cárcel. ¿Cuál es el delito del que se les acusa para justificar semejante pena? ¿A quién mataron? ¿Qué es lo que robaron?
Pues nada de eso, porque estamos hablando de ciudadanos ejemplares: son trabajadores sindicados que participaron en un piquete en la puerta de su propia fábrica en la huelga general del 29 de septiembre del 2010, convocada por los sindicatos contra la primera reforma laboral. El perfil de los acusados nos ayuda a entender que estamos delante de una tropelía jurídica que solo busca amedrentar a los que quieren luchar para defender sus derechos utilizando el derecho constitucional de la huelga.
Se acusa, se juzga y se piden ocho años de cárcel a José Alcázar, un trabajador de 63 años con más de 45 en la fábrica y que era, en ese momento, el presidente del comité de empresa. Esto es, el máximo representante legal de los trabajadores de Airbus, que lo eligieron con su voto en las elecciones sindicales.
Este proceso judicial es el más conocido, pero solo es uno más de los procedimientos abiertos contra trabajadores por acusaciones relacionadas con el ejercicio del derecho de huelga. Estamos, por lo tanto, ante una causa general que pretende criminalizar la acción sindical con el objetivo de transformar lo que es un derecho en un delito. Obviamente no puede ser una casualidad que la fiscalía, utilizando el artículo 315 del Código Penal, acuse a más de 300 personas repartidas por todo el país (en Galicia, Carlos y Serafín, dos trabajadores del transporte de Vigo, tienen en sentencia firme una condena de tres años de prisión por hechos similares). Por el contrario, estamos ante una orden del Gobierno que pretende acabar con las movilizaciones sociales (ahí está también la ley mordaza) contra sus recortes con la represión.
La Constitución española configura la huelga como uno de los derechos fundamentales, que por lo tanto tiene que poder ejercerse con el máximo nivel de garantías. Un derecho que recoge como tal la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea o el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas.
La huelga no es un delito, es un derecho fundamental y el papel de las Administraciones tiene que ser el asegurar el ejercicio de este derecho como cualquier otro. Por eso, el juicio a los 8 de Airbus y el de todos los demás, es una bofetada al Estado de derecho, un ataque injustificado a la libertad sindical, un oprobio en cualquier país democrático y que ha colocado a España en la lista de las denuncias que hacen las organizaciones sindicales internacionales de los estados que vulneran los derechos laborales, una ominosa clasificación compartida con los regímenes dictatoriales.
Esperemos que el poder judicial, con su sentencia absolutoria, acabe con esta indignidad y ponga límites a la deriva autoritaria del Gobierno.