Atrapados en el pasado: el rescate permanente


Al parecer, hemos dejado atrás la prolongada recesión económica de los años 2008-2014, aunque no sus consecuencias económicas y políticas más graves. He argumentado en esta columna que la persistencia en España de la mayor tasa de paro y de desigualdad social de la Unión Europea permite calificar la situación actual de nuestra economía de depresión social dentro de la recuperación.

Me interesa ahora razonar por qué considero que no hemos superado tampoco una de las consecuencias políticas más graves que ha tenido esa gran recesión. Me refiero a la reforma exprés de la Constitución (su artículo 135) en el año 2011.

Fue esa una reforma aprobada de urgencia por una repentina gran coalición de los dos partidos entonces mayoritarios (PP y PSOE) y que, sintomáticamente, no está en el centro del debate político de estas elecciones generales. Un autismo reforzado por la muy oportuna emergencia de Ciudadanos.

Conviene en este punto rememorar aquellos hechos. La recesión económica del año 2007 supuso uno de esos momentos en los que muchos dirigentes políticos se consideraron liberados para hacer lo que sea necesario (o lo que se les reclamaba en cartas reservadas del BCE) para esquivar una emergencia nacional (por ejemplo la expulsión del euro, la supresión de la financiación externa o un rescate). Eso que Naomi Klein denomina «un golpe de Estado civil llevado adelante no por soldados con uniforme militar, sino por políticos y economistas trajeados, parapetados tras el escudo oficial de un régimen democrático».

Tal fue el contexto de emergencia en el que el entonces presidente Zapatero pactó con Rajoy una reforma constitucional al tiempo que rediseñó sus políticas en las antípodas de aquellas por las que había sido elegido presidente. Una reforma, sin convocar referendo popular, que fue el precio del no rescate a España. Un muy alto precio para evitar un memorando de la troika. Determinado por las exigencias de unos acreedores externos que bien sabían que nuestra deuda pública se iba a disparar desde el nivel 39 % del PIB -que tenía en el 2008- al 100% que casi tiene en la actualidad.

Deuda pública galopante resultado de una combinación explosiva -y probablemente ilegítima- entre saneamientos bancarios (este con rescate y memorando), regalos fiscales, fraude fiscal y bola de nieve de intereses. Deuda que los acreedores financieros blindaron, frente a cualquier otro gasto público, en aquella reforma constitucional del 2011.

Cómo destejer aquel chantaje y reforma constitucional, que condena a cualquier Gobierno futuro a un austericidio social permanente, es un test perfecto para evaluar las actuales propuestas electorales. Como ni el PP ni Ciudadanos proponen mover una coma de lo aprobado en su día, y como el PSOE no propone borrar nada, tendríamos casi asegurada una muy gozosa condición: la de «deudores eternos». Tal como se nos bautizó desde Fráncfort -por boca de Mario Draghi- hace tres años. En rescate permanente.

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