Donde el Gobierno nos dice que de las últimas cuarenta y siete mujeres asesinadas solo ocho habían puesto denuncia previa, yo leo que ocho mujeres han sido asesinadas a pesar de haber puesto denuncia previa. Mujeres amenazadas, que temían por su vida y que el Estado no ha sabido proteger. Y al final, como en la educación, la sanidad, la dependencia, no se trata más que de dinero. Por eso no deja de tener razón Rivera. Claro que es más fácil legislar criminalizando a los hombres pacíficos, solo por tener una Y en el par de cromosomas 23, y meterlos en la cárcel ante una denuncia, que poner protección a las mujeres que la necesitan. Si no fuese una verdadera tragedia, parecería un chiste de Gila que un juez advierta por escrito a un asesino que tiene prohibido matar, en vez de poner un policía en el portal. Y si se fijan bien, con todos los que vigilan a los políticos ya nos llegaba para unas cuantas mujeres. Pero lo de la violencia de género ha llegado a un punto tan esperpéntico que cuando una mujer se arroja por el balcón con sus hijos uno casi piensa menos mal, no fue violencia de género. En la manera frívola de consensuar las políticas contra los asesinatos de mujeres que mostraron los candidatos en «el debate», en su bonhomía de buenos chicos, uno parecía oír que estaban condenando los campos de exterminio nazis o el apartheid. Porque las obviedades no parecen ser tan obvias, sino un cómodo subterfugio para mantener la conciencia tranquila y el presupuesto saneado.