Las políticas de austeridad han supuesto un intenso recorte en el gasto público en España: desde el 2009 se ha reducido en más de 32.000 millones de euros. En el 2014 el conjunto de las Administraciones públicas gestionaron unos recursos equivalentes al 43,6 % del PIB, un porcentaje que está seis puntos por debajo de la media de la UE.
Un ajuste en el gasto de marcado carácter antisocial, porque esta reducción es el resultado de dos vectores que actúan en sentido contrario: desde el 2009 el gasto financiero aumentó en algo de más de 17.000 millones de euros, mientras que el gasto destinado a la economía real se redujo en 50.000 millones de euros.
Aumenta la factura financiera, porque cada vez hay que pagar más intereses por la deuda creciente, pero también por el coste de los rescates bancarios, que van contra los presupuestos del Estado. Se reduce -y mucho- la dotación de recursos para los servicios públicos, la protección social y la inversión pública. El gasto destinado a las personas y a la capitalización del país cae el 20 % en términos reales desde el 2009, lo que significa recortar 1 de cada 5 euros de los que se disponían antes de empezar con la política de la austeridad compulsiva.
Un ajuste en el gasto que tiene como principales perjudicados la inversión -que se desploma en 40.000 millones de euros- y los empleados públicos, que pierden más de 10.000 millones de euros por la pérdida de empleo y la bajada de sus salarios. Recortes presupuestarios aplicados por el conjunto de las Administraciones que se ha concentrado de forma especialmente intensa en los servicios públicos básicos: el gasto sanitario se ha reducido en 10.000 millones de euros, en más de 7.000 millones en educación y en la política de vivienda y servicios comunitarios otros 9.000 millones.
En síntesis, las políticas de austeridad se trasladan a recortes en los presupuestos que se han llevado por delante más de 50.000 millones de euros que, al concentrarse en la sanidad y la educación públicas, en la vivienda y en las inversiones, ha deteriorado el ya débil Estado de bienestar que teníamos antes de la crisis y ha paralizado la inversión en infraestructuras físicas y sociales
Son 50.000 millones de euros de recortes cada año, que si no hay un cambio radical en la orientación de la política económica y presupuestaria se reproducirán en los próximos ejercicios, una cifra enorme -más de ocho billones de pesetas- que van en contra de la gente por un lado y de la capitalización y la competitividad del país por otro. Un enorme tijeretazo que, además, no ha servido para equilibrar las cuentas públicas, que siguen con un déficit próximo al 5 %. La razón es evidente. Como ha demostrado de forma reciente el FMI, los recortes en el gasto deprimen la economía y, por lo tanto, hunden los ingresos, lo que lleva a más recortes en una carrera sin fin en la que se agrieta, cada día más, nuestro ya débil Estado del bienestar.