No son buenas noticias. No lo son ni para la estabilización de una Turquía más dividida ideológicamente que nunca, ni para las difíciles relaciones del Gobierno con los kurdos, una vez más con grupo parlamentario, a pesar de los esfuerzos de Erdogan por barrerlos en el segundo proceso electoral en menos de cinco meses. Pero tampoco lo son para las complicadas negociaciones internacionales que se están desarrollando con el objeto de alcanzar un alto el fuego en la guerra civil siria y establecer una política de acción conjunta para eliminar al Estado Islámico del tablero de Oriente Próximo.
Y no lo son porque suponen la continuidad de un régimen cuya deriva autoritaria y de radicalización islamista ha promovido el recorte de los derechos y libertades de los turcos, una censura drástica sobre todos los medios contrarios al AKP -el Partido de la Justicia y el Desarrollo- y a la política del Gobierno de Erdogan y su fiel lacayo Davutoglu, y una represión de los movimientos democráticos y liberales del país. Tampoco lo son porque, aunque no ha obtenido la mayoría necesaria para promover el cambio constitucional que ansía para perpetuarse como nuevo sultán, podrá gobernar cómodamente sin necesidad de alianzas que le obliguen a moderar su fanatismo.
Y no lo son porque ha sido el Gobierno de Erdogan el que ha ido empujando a los refugiados sirios hacia Europa como medio de presión para relanzar el proceso de integración de Turquía en la Unión Europea y porque también ha sido su colaboración oscura, silenciosa e imprescindible la que ha permitido al mayor y peor grupo terrorista de la historia, el Estado Islámico, entrenarse, pertrecharse, financiarse y crecer hasta convertirse en el monstruo de Frankenstein que también ahora le amenaza.