La explotación sexual que sufrieron miles de gallegas emigradas a Cuba entre el siglo XIX y el XX se vio reflejada en el libro Hijas de Galicia, de Julio González Pagés, profesor y autor de estudios de género de la Universidad de La Habana. Más de 60.000 gallegas emigraron solas, víctimas de engaño, para terminar prostituidas y marginadas. Fundaron una asociación y un hospital que llamaron Hijas de Galicia, para dar asistencia a miles de mujeres que eran excluidas de los hospitales, condenadas por la sífilis o abocadas a terminar sus días en la más absoluta indigencia en casas de acogida. Esto ocurría «ante la indiferencia y desamparo de sus compatriotas, especialmente del Centro Gallego, que, desde su posición de poder en La Habana de entonces, lo ocultó siempre porque era la cara fea, lo que deshonraba a la comunidad de inmigrantes españoles». Otras voces, como la del periodista estradense Álvarez Insua, alertaban desde el Diario de La Marina sobre el peligro que corrían las jóvenes que viajaban engañadas por promesas de vecinos o familiares sin escrúpulos.
Viene a cuento recordar esta poco conocida historia para traer a nuestras conciencias la importancia de que desde la política se escuche la reivindicación que desde hace años plantea el feminismo de erradicar la trata y tráfico de mujeres para esta terrible expresión de violencia machista. Ahora, ante la inminente confrontación de promesas electorales que se avecina, un asunto de tamaña gravedad debe estar en la agenda de los partidos. El actual Gobierno del PP manifestó en febrero pasado que su persecución sería una prioridad, en lo que fue un ejercicio de cinismo, puesto en evidencia por la insuficiencia de los resultados. Recientemente, en el coloquio del «buen rollito» mantenido por Iglesias, Rivera y Évole, en el programa Salvados, no se le dedicó ni el menor comentario, no fuera a suceder como con las facturas en negro.
Ahora, el PSOE acaba de anunciar que este será un asunto prioritario si llega al Gobierno. En verdad, no será sin tiempo. En la primera legislatura con Zapatero como presidente, se constituyó una comisión mixta Congreso-Senado para hacer un informe sobre el estado de la cuestión en España. El trabajo realizado durante meses, el diagnóstico de la situación y las conclusiones se diluyeron en el salón de los pasos perdidos.
Si la promesa se cumple, debería repetirse la metodología seguida para legislar sobre violencia de género, ejemplo para el trabajo parlamentario y para la acción del Ejecutivo, contando con las organizaciones y las personas expertas que llevan años trabajando para que la esclavitud sexual pase a tener el tratamiento judicial adecuado. Estamos ante una lacra que estigmatiza a la sociedad, que deviene en cómplice por acción u omisión. Más de 12 millones de mujeres en 160 países de todo el mundo son víctimas de este tráfico y comercio de seres humanos, que maneja un negocio superior a los 25.000 millones de euros. Si esto no interesa, apaga y vámonos.