¿Es oportuna la pregunta que encabeza esta columna? Sin ningún género de dudas. Lo es porque las elecciones catalanas de hoy, 27 de septiembre del 2015, pasarán a la historia por ser algo muy diferente a unas autonómicas.
De hecho, estas elecciones se distinguen de todas las que desde 1977 se han celebrado en España, fueran generales, regionales o locales. Si hoy estuviésemos ante lo que marca la ley, las elecciones tendrían dos objetivos prioritarios: la rendición de cuentas ante los electores del Gobierno y sus apoyos (CiU y ERC) y, a la vista de ello, la decisión de esos mismos electores sobre quién debe gobernar su comunidad en el próximo futuro.
¿Se trata de eso? En absoluto: ni CiU ha rendido cuentas para nada (en lo que supone un fraude democrático mayúsculo) ni nadie está ahora pendiente de quién, y con qué mayoría, será el próximo presidente de la Generalitat. ¿Se ha debatido en la campaña sobre la presidencia de Artur Mas? ¿O sobre los recortes en sanidad y educación, tema monográfico en el resto del país, que han sido en Cataluña extremadamente duros para hacer frente al despilfarro del dislate secesionista? ¿O sobre el 3 %? ¿O sobre el latrocinio de los Pujol y sus cachorros?
No. De todo eso, dando una lección de total desprecio a la democracia, se han librado Mas, CiU y ERC, porque los nacionalistas han convertido las autonómicas en un plebiscito sobre la independencia, lo que ha obligado a los partidos no secesionistas a aceptar envite tan disparatado, ante los evidentes riesgos de perderlo por incomparecencia.
Se equivocan, sin embargo, todos los que creen que hoy se decide la secesión de Cataluña: no será así porque la Constitución la prohíbe taxativamente y, tanto o más importante, porque los dos partidos (PP y PSOE) cuyo apoyo es indispensable para cualquier reforma constitucional que pudiera hacer posible la secesión catalana y, con ella, el suicidio del Estado, no la van a permitir.
A la vista de todo ello, repito la pregunta: ¿Qué se decide hoy de verdad en Cataluña? Pues algo de una importancia tan primordial como para hacer de las catalanas unas elecciones esenciales: se decide si va a abrirse o no en España una crisis política y constitucional de formidable envergadura que, finalmente, podría ser tan grave como quisieran hacerla los nacionalistas. Se decide si va a ser necesario en el futuro aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía o alguna de sus instituciones.
Por eso resulta indispensable que los 3.500.000 catalanes que, en números redondos, no son nacionalistas, acudan masivamente a las urnas, pues si lo hacen no solo evitarán que siga vivo el dislate de convertirlos en extranjeros en su propio país, sino que España entera pueda situarse ante su crisis política más grave desde el 23 de febrero de 1981. Esa y no otra es, desgraciadamente, la cuestión.