Los últimos datos sobre la economía territorial española vuelven a reflejar la existencia de un comportamiento asimétrico; ya sea utilizando los datos referidos al crecimiento del PIB, que reitera un crecimiento desequilibrado en torno a varias zonas peninsulares; ya sea analizando la trayectoria económica de las comunidades autónomas, ajustadas por los efectos de las paridades de compra. En ambos supuestos, la realidad muestra una mayor divergencia territorial y una tendencia hacia la desigualdad económica entre las diferentes zonas españolas.
A estas dos mediciones se le une una tercera, que mide el total de materiales utilizados, relativos a la energía, materiales, recursos naturales, e importaciones. Y, dentro de ellos, distingue los recursos bióticos (renovables) y abióticos (no renovables). Se trata de cuantificar el comportamiento económico en términos de sostenibilidad, efectuando un seguimiento de los flujos de energía, materiales y residuos que alimentan el sistema económico; así como las huellas de deterioro ecológico provocadas por dicho funcionamiento. De esta forma, calibramos si un territorio está viviendo más allá de sus posibilidades en términos de recursos; o, si dicho territorio ha superado la capacidad de los ecosistemas para absorber los residuos. Este razonamiento suple las carencias de la ciencia económica y logra incorporar al análisis el aparato conceptual de la ecología, con el fin de poder evaluar la interacción de las sociedades humanas con el medio físico en el que se desenvuelven, como afirma el profesor Carpintero.
El contexto español se ha caracterizado por el tránsito de una economía de la producción a una economía de la adquisición. ¿Qué significa esta tesis? Si antes (años sesenta y setenta) basábamos nuestro uso de requerimientos en la explotación de los recursos energéticos y en el aprovechamiento de la biomasa (o sea, sobre un peso elevado de los recursos naturales); en la actualidad (siglo XXI), los productos minerales y los productos energéticos están constituyendo la base de los inputs directos. Es decir, estamos adquiriendo todo aquello que no es renovable (los ejemplos de los minerales metálicos y no metálicos para el sector de la construcción son una buena muestra), con lo que estamos contribuyendo a disminuir nuestro potencial y a deteriorar la corteza terrestre. Consecuencia de esta dependencia son los mayores requerimientos de flujos y de superficie de explotación.
Las cifras españolas revelan ineficiencia y polarización. Por un lado, el uso de recursos naturales ha crecido a un mayor ritmo que el PIB; o sea, cada vez se utilizan más recursos naturales para producir la misma cantidad de bienes y servicios. Y, de otra parte, cada vez que se producen incrementos sustanciales en la exigencia de recursos naturales se produce una pérdida de peso de la agricultura, la pesca y la minería en el total de la economía española. Es decir, la estrategia de crecimiento económico ha sido muy gravosa en el uso de energía y materiales; a la vez que muestra un decrecimiento de la productividad de los recursos renovables. A nivel regional presenciamos varios síntomas de polarización:
a) una brecha amplia, en términos de producción, población y empleo, que se incrementa paulatinamente entre las regiones centrales (Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia) con las regiones periféricas (donde se sitúa Galicia);
b) una creciente especialización económica; destacando que ciertas economías periféricas poseen el mayor índice en la biomasa agraria, forestal y pesquera; en tanto que las regiones centrales se caracterizan por el fuerte peso en el suministro y distribución del sector energético, industrial y de servicios, acentuando su participación en las actividades generadoras de mayor valor añadido;
c) una distinción muy clara en lo tocante a la especialización de las actividades extractivas, ya que las cinco principales comunidades (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Castilla-Mancha y Galicia) que acumulan el grueso de la extracción, no coinciden con las regiones centrales (a excepción de Cataluña), sino con las regiones económicamente periféricas (Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia);
d) dichas especializaciones son mucho más claras si reflejamos la posición en el ránking (primer y segundo puesto) atendiendo a los flujos extractivos. De esta forma, en lo que respecta a la biomasa agraria (Castilla y León y Andalucía); biomasa forestal (Galicia y Castilla y León); biomasa pesquera (Galicia y Andalucía); otras biomasas (Andalucía y Galicia); minerales metálicos (Andalucía y Extremadura); minerales no metálicos (Andalucía y Cataluña); y combustibles fósiles (Castilla-León y Asturias), ponen de manifiesto que las principales regiones económicamente periféricas se localizan entre las primeras posiciones en cuanto a extracción de recursos bióticos; y muy por encima de la media española. En cambio, en los recursos abióticos toman la delantera las regiones centrales.
Corolario: parece existir una relación inversa entre las regiones periféricas, y de menos PIB, y su grado de intensidad extractora económica en términos relativos. Es decir, de nuevo se acentúa la divergencia territorial, sin que en los presupuestos del Estado, en el sistema de financiación autonómico, o en los planes estratégicos, se hayan incorporado algún elemento básico que corrija tales discriminaciones pasadas y futuras.