La apertura del nuevo hospital de Vigo (felizmente bautizado como Álvaro Cunqueiro) va a suponer el vaciado de la mayor parte de usos en el hospital Meixoeiro (del año 1989) y del aún más viejo hospital Xeral-Cíes (del año 1955, popularmente, Pirulí).
Con tal motivo observo un debate cívico sobre cuáles debieran ser los usos y destino de esos dos edificios, hasta ahora desdicados a servicios de nuestro sistema nacional de salud. Puede que para concretar algo la respuesta a esta relevante cuestión fuese útil recordar cómo se financiaron en su día esas importantes inversiones públicas.
A los más jóvenes de hoy en día podría parecerles que si el actual Álvaro Cunqueiro se financió a través de los impuestos que todos pagamos (IRPF, IVA, etcétera), en los años 1985 y 1955 también se financiaron así. Pues no es verdad.
Porque hubo un largo período en España (al menos hasta la aprobación de la Ley General de Sanidad, de 1986) durante el cual la sanidad pública se financiaba directamente de los ingresos de la Seguridad Social. Es muy importante recordarlo en estos momentos.
En aquellos años (desde 1941 hasta 1986) nuestra Seguridad Social no solo soportó el pago de las pensiones, sino que financió la sanidad (edificios del Meixoeiro y el Pirulí incluidos). No existía, como ahora, un Fondo de Reserva. La hucha del sistema de pensiones no podía existir porque se vaciaba cada año en financiar la sanidad pública.
En la última fase expansiva (entre el 2000 y el 2008) el actual Fondo de Reserva acumuló en la hucha de las pensiones casi 66.000 millones (un 6 % del PIB), fondos que ahora nos permiten cuadrar las cuentas y pagar a los pensionistas. Puede estimarse que en aquel largo período (1941 a 1986) se podría haber acumulado una hucha no menos de cinco veces mayor.
Claro que esa hucha no existe como tal, ni está invertida en deuda pública. Está invertida en edificios y en ahorros de impuestos. De lo que antecede se derivarían al menos dos conclusiones.
Que los edificios que ahora dejan de ser sanitarios debieran priorizarse hacia el uso del sistema de protección público a los jubilados, sistema que está manga por hombro (singularmente atención geriátrica y a dependientes, residencias de día y residencias de ancianos). Pues fueron ellos los que los financiaron con sus cotizaciones.
Que una forma de revertir lo que los cotizantes permitieron ahorrar en impuestos durante los años 1941-1986 para pagar nuestra sanidad debiera concretarse en que ahora, con los impuestos que soporta toda (esperemos que algún día sea esto cierto) la población, se financien unas pensiones de viudedad y orfandad dignas.
Que, por fin, las cotizaciones a la Seguridad Social de cada año solo soporten los costes de las pensiones contributivas. Que no financien la sanidad (como en el pasado), ni con ellas se paguen pensiones que no sean de jubilación (como en la actualidad).