Pues no, los Presupuestos Generales del Estado para el 2016 no son electoralistas, ni sociales, ni los de la recuperación. Son otro año más, y ya van seis, Presupuestos para el ajuste y los recortes. Son otra dosis de austeridad que esta vez ni siquiera se pueden justificar por la crisis. La economía española comparte con todos los países de la Unión Europea una fase expansiva que, según las previsiones del Gobierno, llevará a un crecimiento del PIB cercano al 6,5 % en términos reales en el bienio 2015/2016 y del entorno del 9,5 % si se tiene en cuenta la inflación.
Estamos, por lo tanto, en una intensa fase de crecimiento que debería trasladarse a un incremento similar de los ingresos públicos, que permitiría aumentar el gasto para ir recomponiendo, poco a poco, los destrozos en los servicios públicos y en las prestaciones sociales de los últimos años. Pero esta no es la lógica, más bien todo lo contrario. El Gobierno vuelve a presentar unas cuentas públicas restrictivas, en las que su apuesta es la reducción del déficit y las rebajas fiscales y, por lo tanto, se queda sin recursos para aumentar el gasto. Veámoslo en cifras.
Los ingresos consolidados del Estado apenas crecen el 0,2 % y eso significa su reducción en términos reales, porque el IPC se situará al final del ejercicio en el entorno del 1,5 %. En el 2016 el Estado dispondrá de menos recursos pero, además, la senda de consolidación fiscal obliga a una nueva reducción del déficit equivalente a 7.000 millones de euros. La consecuencia es que se queda sin margen para aumentar el gasto no financiero. Por eso el año próximo no va a gastar más sino menos, y por lo tanto no son unos presupuestos expansivos, que impulsen el crecimiento, ni electoralistas porque no hay nada en ellos que mejore la vida de la gente.
En el análisis de las partidas de gasto más relevantes no es posible encontrar ninguna noticia realmente positiva: la inversión pública sube el 1 %, las becas el 0,2 %, las retribuciones de los empleados públicos el 1 %, las pensiones el 0,25 %... todas por debajo del incremento previsto de los precios.
Ni, desde luego, son de carácter social, porque el colmo del cinismo es calificarlos así al mismo tiempo que se recortan en 5.483 millones de euros las prestaciones por desempleo. El Gobierno de Rajoy está aplicando un plan de desmantelamiento de la protección a los desempleados: en el 2011 se destinaron 32.000 millones de euros a prestaciones, lo que permitió dar cobertura al 80 % de las personas sin trabajo. En el 2016 nos gastaremos 13.000 millones menos pero pagando un alto precio: la tasa de cobertura va a estar ya por debajo del 50 %. No es un ahorro, es un recorte antisocial.
Para ocultar esta realidad el Gobierno utiliza un argumento falaz. Dice que el resto del denominado gasto social va a aumentar el 3,5 %, pero oculta el dato fundamental: todo ese incremento lo provoca el aumento del capítulo de las pensiones, pero no por una decisión del Gobierno, que prácticamente las congela, sino por el aumento del número de pensionistas. No es el Gobierno, es la dinámica demográfica del país.