Los problemas reales de las empresas


Modificar la negociación de los convenios colectivos fue una de las obsesiones más recurrentes de los inspiradores de las dos últimas reformas laborales, en especial la de Rajoy en el 2012. Aparecía ya en la carta de Trichet, el entonces presidente del BCE, al presidente Zapatero en agosto del 2011. Por extraño que pueda parecer, en medio de la crisis financiera y la de la deuda soberana, el primer punto de la famosa carta era para exigir cambios en la negociación colectiva para darle prevalencia a los convenios firmados en las empresas sobre convenios de ámbito sectorial.

Una obsesión enfermiza con los convenios que afectó a buena parte de los opinadores, economistas, al Gobierno del PP y también a las patronales, la CEOE y la Cepyme. El discurso era machacón: los convenios de sector, al aplicarse por igual a todas las empresas, provocaban una rigidez insoportable que les impedía adaptarse a sus necesidades. Según los perpetradores de este discurso, acabar con esta rigidez era una exigencia de las empresas que demandaban convenios propios, de forma que salarios y jornada, por ejemplo, se correspondieran a la realidad de cada una.

La reforma laboral del 2012, con la oposición de los sindicatos, aprobó este cambio normativo, de tal forma que, desde febrero de ese año, las empresas pueden salirse del convenio del sector y pactar un convenio propio. ¿Qué ha pasado en la realidad de la negociación colectiva en estos tres años con la nueva regulación? Pues nada. Al menos nada de lo que decían sus autores.

Una encuesta oficial del Ministerio de Trabajo, la Encuesta anual laboral, realizada con una muestra de 10.000 empresas españolas de todos los tamaños y sectores, da un resultado que contradice de forma radical los objetivos de la reforma y demuestra que el discurso flexibilizador era falso. Porque la inmensa mayoría de las empresas, cerca del 85 %, siguen teniendo un convenio de sector y ante la pregunta de por qué no se cambian a uno de empresa, el 90 % contesta que está cómodo con el sectorial porque se adapta a sus necesidades.

Así que el cambio urgente e imprescindible que defendían el FMI, el presidente del BCE, el Gobierno del PP y los ideólogos del neoliberalismo, nada tenía que ver con la realidad concreta de las empresas. Por cierto, aún no se ha oído a ninguno de ellos reconocerlo. Pero lo más sorprendente es que en este coro también cantaban la CEOE y la Cepyme, organizaciones patronales que, en teoría, representan los intereses de las empresas, y que cada vez se muestran como entes burocráticos que solo responden a sus propios intereses y que están muy alejados de la realidad empresarial del país.

Los problemas de los varios millones de pequeñas empresas de nuestro país están en la falta de demanda, en el coste de la energía, en el sobrecoste financiero que soportan, en unos plazos de cobro insoportablemente largos o en las dificultades para acceder a la financiación bancaria en condiciones aceptables. Pero la gran patronal obedece a los intereses de las grandes compañías -fundamentalmente a la banca y las grandes constructoras- y por eso se olvida de esta realidad y solo habla de la fiscalidad y el mercado de trabajo. Y así nos va.

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