Pequeña imputación para un gran escándalo


Los señores Manuel Chaves y José Antonio Griñán empiezan a ser una de las parejas habituales de la crónica política. Salvando las distancias, como Amedo y Domínguez, como González y Guerra, como Mas y Junqueras? Juntos estuvieron en el gobierno andaluz; juntos habrán firmado alguna subvención oficial; juntos fueron imputados por la guerrera Mercedes Alaya; juntos condicionaron el respaldo de Ciudadanos a Susana Díaz para ser investida presidenta de la Junta de Andalucía; juntos son imputados ahora por el Tribunal Supremo, que les atribuye un delito de prevaricación administrativa. Es decir, lo mínimo que se les puede atribuir después de ser los responsables máximos de la Junta de Andalucía en los años en que se estaba produciendo el latrocinio de los ERE, aquella orgía de dinero público que le hizo decir a otro imputado que tenía billetes «para asar una vaca».

Conclusión provisional antes del juicio: aunque la noticia sea muy negativa para la imagen de ambos, personalmente pueden celebrarla. La imputación del Supremo lo deja todo en un delito ante el que el Código Penal dice: «Se castigará a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». Ese castigo oscila entre los siete y los diez años de inhabilitación para empleo o cargo público. Es decir, grande para un joven y una persona madura, pero intrascendente para un jubilado. Como Manuel Chaves cumple 70 años este año y José Griñán 69, se irán a casa en una especie de jubilación forzada y desaparece de su horizonte la perspectiva de que los condenen a prisión. Todo ello, en el supuesto de que sean finalmente condenados.

Para quienes hemos sostenido que era imposible que Chaves y Griñán no conociesen los manejos que se hacían con el dinero y, por tanto, que no contasen con su consentimiento expreso o tácito, la imputación que les hace el juez Barreiro es suave; más suave que la juez Alaya, que además les atribuía malversación de fondos públicos. La sanción, si existe, será más política que penal. Y, desde el punto de vista de las exigencias éticas, no parece que haya proporción entre la intransigencia de Ciudadanos ante su nombre para mojarse con Susana Díaz y la dimensión real del delito por el que serán juzgados: Ciudadanos los trató como caza mayor, el Supremo los trata como si les atribuyera un delito de escasa dimensión.

No me extraña que tantos diputados y senadores quieran mantener su aforamiento para que los enjuicie el Supremo: este alto Tribunal suele ser más bondadoso que los jueces y juezas de provincias. Como no es la primera vez que ocurre, sería muy interesante saber por qué. Yo tengo sospechas, pero ninguna explicación.

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Pequeña imputación para un gran escándalo