Un ayuntamiento sube el salario mínimo el 70 %


El ayuntamiento de la segunda ciudad más grande del país acaba de tomar una decisión de enorme trascendencia: subir un 70 % el salario mínimo que tienen que pagar todas las empresas en su ámbito municipal. Que nadie se ponga nervioso, no es la Barcelona de Ada Colau: se trata de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos y su alcalde es Eric Garcetti.

Hace unas semanas, el pleno del ayuntamiento, con la única abstención de un concejal, decidió aumentar el salario mínimo actual de 9 a 15 dólares por hora. El mundo al revés. La liberal USA dando lecciones de cohesión social a la Europa del Estado de bienestar. Los detalles que se conocen de la decisión son interesantísimos, tanto por el método como por el contenido y los objetivos.

En Los Ángeles, la pobreza alcanza a un 25 % de la población; en esa enorme bolsa de exclusión entran personas que tienen empleo, pero cobran un salario tan bajo que se convierten en trabajadores y trabajadoras pobres. Por eso su alcalde dice que la subida del salario mínimo es el programa contra la pobreza más grande en la historia de su ciudad.

El acuerdo es el resultado de un largo debate social en el que participaron sindicatos y empresas, y que el poder local traslada a una estrategia equilibrada y de largo recorrido: el plazo para aplicarlo es de cinco años para que no tenga efectos negativos en las empresas. Pero, además, se establece que a partir del 2022 el salario mínimo crecerá lo mismo que la inflación, para evitar que el problema se reproduzca.

Por último, están los objetivos explícitos del plan. Por un lado, combatir la pobreza laboral y la desigualdad, que no han dejado de crecer en los últimos años, utilizando la intervención pública como mecanismo para corregir la tendencia al desequilibrio propia del capitalismo. Por otro, siguiendo la lógica económica keynesiana, se pretende que, mejorando los salarios de las personas suba la demanda y, por lo tanto, se impulse el crecimiento económico. Todo un ejemplo de buenas ideas de política económica de las que tendríamos mucho que aprender en Europa y, especialmente, en nuestro país. En España, el salario mínimo por hora es de 5 euros, está prácticamente congelado desde el 2011 y el Gobierno lo ha utilizado como un mecanismo para devaluar los salarios en el conjunto de la economía. El resultado es un enorme aumento de personas que, a pesar de tener empleo, están por debajo del umbral de la pobreza, la desigualdad salarial, la caída de la demanda interna y una recesión de seis años.

Para cumplir con la Carta Social Europea, el SMI debería incrementarse en España un 40 %: 900 euros mensuales frente a los 648 de la actualidad, un incremento que podría aplicarse de forma paulatina. Esto ayudaría, por un lado, a combatir la pobreza laboral y por otro, a utilizar los salarios como factor determinante en un crecimiento sólido e inclusivo del PIB, del que se beneficie toda la sociedad.

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