Para empezar, ¿qué rumbo llevamos? En la jornada de reflexión de las elecciones andaluzas el presidente del Gobierno prometió impulsar la ocupación en varios millones de personas en los próximos años. Ya en la campaña de las posteriores elecciones locales y autonómicas vinculó directamente a la estabilidad política el no dañar la recuperación económica en curso y la prometida creación de empleo.
Las elecciones generales de finales de año parece que se vincularán a unos atractivos presupuestos del Estado para el 2016; el presidente los venderá en otoño a la población frente al caos de otras alternativas. Es así que en vez de adelantar un par de meses las elecciones generales, para que el nuevo Gobierno salido de esas urnas elabore sus presupuestos para el 2016, el Gobierno saliente hará su campaña con unos presupuestos de papel.
En este rumbo, descaradamente electoralista, incluso parece avecinarse una remodelación de un Gobierno ya agónico para, simplemente, optimizar su rendimiento electoral. Nada tendrá que ver con una mejor gestión pública de los próximos meses. El partido en el Gobierno solicitará al país un nuevo mandato no sobre un balance de lo realizado (que es donde debiera centrase el saber si su rumbo es bueno), sino sobre sus intenciones para el futuro.
Pero ¿qué sabemos ahora mismo de esas intenciones para el futuro? Pues sabemos (según dice el último Programa de Estabilidad del Gobierno en su página 108) que los ingresos públicos apenas crecerán hasta el 2018, y que en protección social, sanidad y educación (por este orden) gastaremos treinta mil millones menos. Semejante rumbo al que respaldaron PSOE y Ciudadanos bajando el IRPF en Andalucía y poniendo sordina a la corrupción galopante.
En mi humilde opinión, el rumbo alternativo a ese proyecto para España debiera conjugar más Estado y más mercados. Para ello es necesario definir y convencer sobre un programa mínimo en el que pueda coincidir otra mayoría social. En unas candidaturas de unidad popular que desborden tanto el ocaso de las vanidades de unos partidos en declive como la arrogancia de otros emergentes.
El programa mínimo que defina ese nuevo rumbo debiera, al menos, concretar: una profunda reforma fiscal que iguale la aportación de las rentas no salariales a la que ya hacen las rentas salariales, la igualación con la media europea en la financiación educativa y sanitaria respecto al PIB y la corrección de la devaluación de rentas para los sectores más débiles de pensionistas, desempleados y trabajadores precarios.
Todo lo anterior implica más Estado. Y en cuanto al rumbo y programa mínimo para tener más mercados, se trataría de concretar: el freno a la concentración bancaria, el mantenimiento de Bankia como banca pública y el que los sectores oligopólicos (eléctrico, combustibles, obra pública, telecomunicaciones, etcétera) dejen de suponer tanto una carga para la competitividad del país como una amenaza de corrupción permanente para la gestión pública.