En un importante ensayo publicado hace un par de años por dos economistas muy conocidos, Daron Acemoglu y James Robinson, se decía: «Las reformas económicas introducidas sin considerar sus consecuencias políticas, más que promover la eficiencia económica, pueden reducirla». Y un poco más adelante: «Habría que ser particularmente cuidadosos con los impactos políticos de reformas económicas que cambian la distribución de la renta en la dirección de beneficiar a los grupos más poderosos» (Economics vs. Politics, 2013). A poco que uno se fije en el gran impacto internacional que están teniendo los resultados de nuestras elecciones locales y autonómicas -con lecturas que van claramente en la línea de lo apuntado por Acemoglu y Robinson-, una conclusión se impone: que tenemos montado un gran lío que complica notablemente los equilibrios políticos? pero también los económicos.
Es verdad que en esta elección ha influido no solo la economía en sentido estricto. También el hartazgo con la corrupción y la arrogancia han jugado un papel. Pero sin la política de austeridad compulsiva y generalizada, sin la amenaza a servicios públicos básicos y a componentes fundamentales del Estado de bienestar, y sin la desigualdad rampante, hoy el panorama político español sería sin duda mucho más, digamos, normal y aburrido. Por cierto, afortunadamente, las enormes dosis de malestar no se manifiestan aquí para nada en movimientos xenófobos o auroras doradas.
Ante el nulo margen que le dejaban Berlín y Bruselas -igual que le ocurriera al el Gobierno anterior-, Mariano Rajoy tenía dos opciones cuando ganó las elecciones en el 2011. Podía utilizar hasta el final sus mayorías absolutas para imponer su política económica de hierro en tres años (después de todo, ya habrían pasado siete desde el comienzo de la crisis, por lo que resultaba impensable que en el 2015 no se hubiera ya producido una recuperación genuina, por lo que todo lo demás quedaría en el olvido). O podía buscar un consenso básico con el resto de agentes políticos y sociales para intentar que los costes del ajuste se repartieran con criterios de una mínima equidad. Es obvio que hizo lo primero. Y aunque todavía pueden pasar muchas cosas antes de la cita de noviembre, tal vez ahora empiece a pensar que se equivocó: ni su propio interés ni el futuro de sus reformas parecen ahora mismo para nada garantizados. Por lo que no sería raro que en los próximos meses a algunas de esas políticas se les diese la vuelta como a un simple calcetín.