Más corrupción y precarización social en abril

Albino Prada
Albino Prada CELTAS CORTOS

OPINIÓN

08 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El pasado mes de abril no parece haberse avanzado en evitar que el castigo electoral que se avecina sea ejemplar. Al menos si lo que se desea es un país menos corrupto y que detenga la precarización social. Vayamos por partes.

La Bolsa arrancó con el mejor trimestre desde 1998, las sicav aumentaron el pasado año en un 14 %, la banca anotó beneficios récord al cierre del 2014 (13.500 millones) y solo el banco más grande gana en el primer trimestre de este año un 32 % más.

Los gallegos con más de diez propiedades urbanas casi se duplicaron desde el inicio de la crisis, forman un selecto grupo de veinte mil ciudadanos. En los últimos tres años casi doscientos mil españoles (patriotas) declararon a Hacienda tener patrimonio en paraísos fiscales (según el director de la Agencia Tributaria setecientos de entre ellos son «la repera patatera»). Mientras tanto, los ingresos fiscales en España están en el 38 % del PIB, en Suecia están en más del 50 % (referente para los economistas de Podemos) y en Dinamarca en el 58 % (referente para los de Ciudadanos).

En la otra orilla, la protección a los parados cayó al nivel más bajo desde el 2001 y, según la EPA, hay casi cuatro millones sin prestación, de los cuales dos y medio son parados de larga duración. Para la OCDE, España es campeón de Europa en porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y es así que los españoles tardan diez años más que los suecos en emanciparse. Añádase que el salario medio por hora en España se aleja cada vez más de la media de la eurozona, según Eurostat.

Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional anuló una multa millonaria a las eléctricas por fijar precios y Facua estima que la luz ha subido un 12 % en el último año (mientras el presidente de la CNMC sostiene que no hay quién entienda el recibo de la luz). Añádase que la Audiencia Nacional admite una querella contra Elena Salgado (experta en puertas giratorias) y Miguel Sebastián a causa de tres mil millones cobrados en el pasado por las eléctricas a sus clientes. Y que Hacienda detectó el cobro de más de cien millones en comisiones por miembros del Gobierno de Castilla y León a cambio de adjudicaciones eólicas.

Pero hay más. El Supremo blinda los cobros por la banca de cláusulas hipotecarias abusivas antes del 2013 (son unos cuatro mil millones al año, según Adicae). No obstante se prevé que se concentrará aún más el sector, aunque los cinco grandes ya copan el 56 % del mercado bancario en España (el 30 % en Alemania). Y que la liquidación de las autopistas de Madrid costará 600 millones este año al erario público, en favor de las constructoras y la gran banca.

No tengo ya espacio para el caso Rato (su fianza, eventual embargo, presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes), ni para el diputado Pujalte o el embajador Trillo, que facturan por informes orales a una empresa constructora especializada en obra pública. Todos campeones.

Con toda esta tropa no es extraño que tengamos a mil quinientos funcionarios de Hacienda ocupados en labores de auxilio judicial para casos de corrupción y fraude fiscal? ¿Cuánto castigo político se merece todo esto?