Don Rafael Catalá, que es buena gente y no tiene nada de censor, se metió él solito en un charco de difícil salida. Digo que se metió él solito porque no era obligatorio abrir un debate sobre un tema tan debatido como la filtración de sumarios. Digo que es un charco porque puso el pie en un debate del que se conoce de antemano el desenlace: cuando se trata de amordazar a la prensa, se produce una rebelión automática en defensa del mensajero y de la libertad de expresión. Eso lo saben los ministros de más experiencia, y los nuevos lo entenderán a base de palos. Y digo que es de difícil salida, porque la política española es como es: por mucho que un ministro matice o se desdiga de sus palabras, siempre habrá alguien empeñado en desmentir al desmentidor. Ayer, el portavoz socialista, señor Hernando, no tuvo inconvenientes en asegurar que la nueva ley mordaza está sobre la mesa del Gobierno.
Este cronista da por buena la autorrectificación del ministro de Justicia, acepta que se le interpretó mal y es tan crédulo que piensa que el Gobierno jamás se propuso sancionar a los medios informativos. Pero, ya que el tema está abierto, entremos en él con toda claridad desde tres perspectivas.
Primera: Cuando la prensa accede a un sumario secreto, no lo hace por inspiración divina: lo hace porque un ser humano le entregó los papeles. Si hay que sancionar a alguien, cosa prevista por la ley, es a quien los extrajo del juzgado, llámese juez, funcionario, fiscal o letrados del caso. Busque la autoridad por ahí y encontrará al responsable: puede haber cometido un delito de revelación de secreto.
Segunda: Las peores filtraciones no son las de sumarios. Las peores son las efectuadas con fines políticos. Eso sí que es perseguible cuando se hace con intención de dañar a terceros. Estoy pensando en todo lo filtrado sobre la familia Pujol, hasta dejarla como un clan de facinerosos. Estoy pensando en lo más reciente, que es la difusión de los presuntos fraudes de Rato y su tinglado empresarial. Y estoy pensando en esa guerra de dosieres iniciada en el Congreso de los Diputados. Eso es sacrificar la honra de personas a cambio del interés electoral.
Y tercera: Como Catalá apela al derecho a la presunción de inocencia, podía hacer lo siguiente en un debate parlamentario: decir a Rajoy, a Soraya, a Sánchez, a cualquier portavoz, que están violando la presunción de inocencia cuando acusan al adversario -a veces directamente, como a Chaves y a Griñán- de ser unos corruptos. Eso sí que roza el delito, porque ninguno de los señalados ha sido juzgado. Los derechos fundamentales se violan mucho más en las instituciones públicas que en la prensa, que solo es un instrumento de difusión.