Entre las elecciones locales y las generales


Me llamó la atención el hecho de que en plena jornada de reflexión de las elecciones andaluzas el presidente Rajoy presentase su programa electoral para las elecciones municipales en toda España. No solo por la ocasión -a todas luces poco oportuna-, sino porque el titular buscado para esa presentación se centró en que, si se respaldaba por los ciudadanos su programa, alcanzaríamos los veinte millones de ocupados. Es decir, el Partido Popular en el Gobierno pareciera querer vincular el resultado de las elecciones municipales y autonómicas de mayo con el de las generales de final de año, en un continuo que le permitiese sobrevivir como la fuerza política más votada. A pesar del derrumbe andaluz, y si así fuese, la pérdida de votos se anotaría en el debe de una política que ha causado masivos y graves daños colaterales, mientras algunos seguían haciendo negocios muy golfos.

Los diseñadores de una tal estrategia parten del supuesto de que el hasta ahora principal partido de la oposición sigue en horas bajas, pues ni en Andalucía ha conseguido remontar el vuelo. Aquella estrategia descansaría, por tanto, en que la oposición social alternativa (las mareas en Galicia o las candidaturas unitarias en Barcelona o Madrid por ejemplo) se diluirían en una sopa de siglas de propuestas estrictamente locales. Sin un hilo conductor que las pudiese traducir en una opción de Gobierno para España.

Superar este localismo es lo que hace el partido en el Gobierno cuando, a pesar de que se trate de elegir a miles de alcaldes, promete alcanzar veinte millones de ocupados. Y es por eso mismo que, superando ese localismo, debiera también definirse la alternativa de gobierno.

Plantear la supresión de las diputaciones provinciales, por ejemplo, sería una medida de higiene democrática, austeridad presupuestaria y modernización institucional que vincularía las elecciones de mayo con las de finales de año. Una propuesta que haría bien visible que unos siguen predicando la austeridad que no practican, y que otros no están esperando apenas a cambiar un clientelismo (popular) por otro (socialista o populista).

Incidir en una fiscalidad municipal sobre bienes inmuebles que penalice aquellos (viviendas, locales comerciales) que estén desocupados, sería una forma de poner negro sobre blanco que los numerosos especuladores de la burbuja inmobiliaria no merecen un trato neutral, una señal de higiene social y de educación para futuras burbujas especulativas.

Proponer un plan nacional de ingresos mínimos (para erradicar la pobreza energética, alimentaria o los desahucios) dotado con fondos equivalentes a las prestaciones por desempleo que se han dejado de pagar en los últimos dos años (unos diez mil millones de euros), plan gestionado y fiscalizado por los servicios sociales de cada ayuntamiento. Un plan que haría visible el enlace entre la agenda social municipalista alternativa y un cambio rotundo en las políticas de salida de esta crisis que se aprobarían en la Moncloa a finales de año.

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