La bioética política e institucional mejora en tiempo electoral. Los disgustos y malos tragos que se hubieran ahorrado la conselleira de Sanidade y su director xeral hacia abajo y el Gobierno gallego hacia arriba, si esclavo de una torpe defensa política de los suyos -¿quiénes?-, en la que tampoco mucho acreditaban, no hubiera vetado la publicación del informe de la Comisión de Bioética por ellos nombrada sobre la ley por Real Decreto 16/2012 del Gobierno Rajoy, promulgada en tiempos de Ana Mato y Pilar Farjas al frente de la sanidad española.
En primer lugar, porque el citado informe dado a conocer, luego de añagazas varias, en su versión primera o en la segunda solo evidencia que la citada ley introducía principios de desigualdad en la atención sanitaria, en su gratuidad y en su universalidad consagradas por leyes anteriores y muy particularmente por la ley de extranjería del Gobierno Aznar del año 2000 para los inmigrantes en situación irregular que estuvieran empadronados. Principios de desigualdad tan evidentes y con consecuencias en la salud pública tan obvias que el propio Gobierno gallego, al igual que los de Valencia, Castilla y León y Navarra, con gobiernos populares o asimilados, mantuvo la asistencia con programas específicos, al igual que hace Canarias. Cierto que otras nueve comunidades, todas con gobiernos del Partido Popular, aplicaron la ley de exclusión. Mientras que el País Vasco, o Andalucía, Asturias y Cataluña siguen dándoles tarjeta sanitaria a los simpapeles como si la ley no existiera o no fuera de aplicación en esos territorios.
En segundo lugar, porque se encuentran hoy con el anuncio de que el mismo Gobierno de España que implantó la ley que ellos -el Gobierno de Feijoo- bordearon para no cumplir y no solo en este aspecto, anuncia que los simpapeles podrán volver a ser atendidos en los centros de atención primaria -ambulatorios aún, en palabras de Rajoy- por cuestiones de salud pública y no saturar las urgencias (sic). Razones iguales, además de la desigualdad y la lesión de derechos, que las que esgrimieron los gobiernos que incumplieron o que paliaron sus efectos, la citada ley durante casi tres años. Razones también esgrimidas por organizaciones médicas y expertos a las que prestaron oídos sordos el Gobierno de Rajoy, incluido el hoy ministro de Sanidad, en tiempos portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que apoyó la convalidación del real decreto. Empeñados entonces en justificar la ley por los abusos, incluido un turismo sanitario, en el paradigma de la insostenibilidad del sistema sanitario en una España insostenible.
La ética y la estética salen ahora reforzadas. Un año electoral con pésimos inicios para el partido del Gobierno es su alimento vigorizante, por más que ante el anuncio quede un largo trecho de negociación en el Consejo Interterritorial de Salud para que esta revisión a medias de una ley injusta alcance a todos los territorios de España, Rajoy dijo, y a sus ciudadanos. Por igual.