Lo peor que le puede pasar a la Administración del Estado es que los contribuyentes desconfíen de su Hacienda pública. Y hay indicios de que empieza a ocurrir. Hace unos días, en un programa de Antena 3, un periodista dijo lo que todos comentamos: que se persigue al trabajador de nómina porque es fácil de investigar y se deja por complicados a los grandes empresarios. El público del plató se levantó a aplaudir: aunque cobran una miseria por asistir como figurantes a esos programas (unos ocho euros), se sienten injustamente tratados por el fisco.
Este pasado lunes, día 16, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado denunció la politización de la cúpula de la Agencia Tributaria: «El problema está en el pernicioso sistema de organización y nombramientos [?] La designación directa por parte del Gobierno arroja, de forma inevitable, dudas sobre la vinculación política de los cargos directivos de la Agencia». Y algo más: los inspectores temen que su puesto peligre si tienen que tomar «decisiones que pueden afectar a intereses afines al partido que esté gobernando».
Se puede pensar que esta denuncia obedece a movimientos corporativistas de defensa del mecanismo tradicional de ascensos. No lo descarto. Pero, al mismo tiempo que se difundía la protesta, la misma Agencia Tributaria trataba de exculpar al Partido Popular -«el partido que está gobernando»- en el tan célebre como oscuro asunto de manejos de dinero negro por donaciones anónimas y el pago también en negro de las obras de reforma de su sede central. Y exculpaba a esa formación política con una pintoresca comparación con la Cruz Roja y Cáritas nada menos que ante el juez Pablo Ruz, que tiene sospechas fundadas de financiación irregular y de delito fiscal.
Tenemos, pues, insatisfecho al contribuyente, a quien lo inspecciona y al juez que se atrevió a poner su mirada en los dineros del partido gobernante. No hace falta mencionar el resto del clima de opinión de una sociedad que ha visto amnistiar a los grandes defraudadores de la evasión en paraísos fiscales, a los que solo se castigó con una imposición del 10 %, mientras al asalariado se le reclamaba un euro que había dejado de pagar. Y tampoco hace falta recordar, como también hacen los inspectores, la corrupción que desalienta a contribuir al más honrado de los ciudadanos, que entiende que paga para que unos cuantos se lo apropien. Con justicia se puede hablar de crisis en la institución recaudatoria del Estado. De crisis de confianza. Eficaz para aumentar la recaudación, desalentada cuando se pone en la piel del contribuyente. Y no digo más, porque no soy partido gobernante y también tengo miedo a la represalia del fundamentalismo fiscal.