Es conocida la prodigalidad de los políticos a la hora de manejar el dinero público -dinero que, para ser más precisos, deberíamos llamar «de los contribuyentes» al objeto de tener una idea exacta de su procedencia-. Por motivos obvios, no expondré la lista de gastos superfluos y de dudosa utilidad social con cargo a esos ingresos. Y aunque el malestar de muchos ciudadanos con la mala praxis en el uso de los fondos públicos es palpable y está a la orden del día, no acaba de fraguarse una actitud colectiva estricta e inflexible, capaz de reprochar el despilfarro y de disciplinar, de una vez por todas, la correcta administración pública del dinero aportado por los contribuyentes. ¿Por qué?
Los ingresos públicos proceden fundamentalmente de los impuestos que pagan los ciudadanos; los directos como el IRPF y los indirectos como el IVA. Respecto al IRPF, ¿sabría decir usted, a bote pronto, cuánto paga exactamente al año? ¿Tiene conciencia clara de ello y de lo que le supone en horas de trabajo y esfuerzo? Apuesto a que no y que otro tanto les pasa a la mayoría de los contribuyentes. La explicación de esta ignorancia radica en lo que la economía del comportamiento llama «cuentas mentales separadas». En efecto, los impuestos como el IRPF son ingresos que nunca llegan al bolsillo del ciudadano; son una simple anotación en su nómina mensual, con la que no cuenta. Con lo único que cuenta es con la renta disponible; los ingresos retenidos en concepto de impuestos están «anotados» en otra cuenta mental y no los percibe como propios. Y al no percibir que salen del bolsillo (porque nunca entraron allí), su control preocupa menos que si se viese que salen directamente de él. Pues bien, esta asimetría «favorece» que los servidores públicos no pongan el debido celo en el gasto público, ya que la rendición de cuentas nunca tendrá el rigor que probablemente tendría si no hubiese esa asimetría.
Esta percepción asimétrica tiene, además, otra connotación negativa. Al hacer la declaración de la renta en el mes de junio, los ciudadanos a los que les sale a pagar hacen todo lo posible para pagar menos. Incluso defraudan un poco -si pueden, claro-, lo cual les permite entender y aun justificar a los grandes defraudadores.
¿Y el IVA? Supongamos que no ahorramos nada de la renta disponible y la dedicamos toda a consumo. ¿Cuánto se puede defraudar al año por abonar facturas en negro? ¿600 euros? ¿900? Pues por los 600 euros que usted se ahorra más los 600 de muchos como usted, el fontanero, el abogado o el dentista están defraudando una cuantía enorme al Estado. Es decir, que por ahorrarnos una pequeña cantidad, estamos fomentando un fraude fiscal masivo de esos y otros autónomos. Y ahora la segunda parte. A nadie se le ocurriría robarle la cartera a una ancianita, ni entrar en un hospital y llevarse el equipo médico, ni birlar las pizarras de un colegio. Y sin embargo ese es el resultado al que llegamos cuando no se pagan los impuestos para financiar las pensiones, la sanidad o la educación. Nuevamente se puede encontrar en la economía del comportamiento una explicación de nuestra relación con la honestidad: cuanto mayor es la distancia entre el que sufre nuestra falta de honestidad y nosotros, más fácil es auto-engañarnos y considerarnos honrados sin serlo realmente. Así, si bien es cierto que no le robamos la cartera a la ancianita, nos escaqueamos, sin embargo, de pagarle una parte de su pensión cuando defraudamos a Hacienda. Y lo hacemos sin el menor escrúpulo. Porque en este caso «vemos» que la distancia es mucho mayor.
Manel Antelo es profesor de Economía de la USC