El juez Ruz ha hecho su trabajo y envía al banquillo a 40 protagonistas del latrocinio de la Gürtel. Fianza, 449 millones de euros. Como dijo una tertuliana, si los daños de la riada del Ebro se calculan en algo más de 11 millones de euros, la responsabilidad civil de la Gürtel es como cuarenta riadas del Ebro.
Solo hay dos diferencias: el agua arruinó a mucha gente y los trapicheos de Gürtel enriquecieron a unos cuantos; el agua causó sus desgracias en dos días, los de Gürtel actuaron durante años sin que nadie se diera cuenta de sus manos metidas en la caja.
Ahora van a juicio después de casi siete años de instrucción. El PP puede estar bastante tranquilo porque las cosas del palacio (de Justicia) van despacio y pasará un año y las elecciones generales sin que los periódicos incordien con las imágenes de tan ilustres procesados. Hay quien dice que su tranquilidad es mayor, si se tiene en cuenta que la magistrada que presidirá la sala mantiene cordial relación con la señora Cospedal, y no le va a amargar la velada, pero yo me niego a admitir esa connivencia, que sería delictiva. Supongo que a esa magistrada se le puede aplicar la «doctrina Catalá», ministro del ramo, que advirtió a don José de la Mata, sucesor de Ruz, que, si no es independiente, lo pueden recusar.
Y eso es válido para quien tuvo un alto cargo en un Gobierno socialista (De la Mata) y para quien ha sido condecorada por el Partido Popular.
Estando en esas consideraciones, el mismo ministro Rafael Catalá justificó por qué el señor de la Riva, alcalde de Valladolid y enemigo público número uno del feminismo, está imputado y, sin embargo, renueva como candidato: porque una imputación no es una condena y muchos imputados han sido declarados inocentes o archivado su caso. Todo imputado, incluso procesado, puede ser candidato porque le ampara la presunción de inocencia. El razonamiento de Catalá es jurídicamente impecable, pero políticamente perverso. Según su tesis, todos los procesados de Gürtel podrían ir en las listas. Incluso se podría presentar Paco Granados, que está en la cárcel, pero no juzgado. O todos los miembros del clan Pujol.
Pero, como el ministro tiene razón jurídica, convendría establecer un acuerdo político: o ningún imputado en las listas, o criterios claros de cuáles son las excepciones, o derechos electorales para todos los imputados. Con una advertencia: ninguna concesión a los implicados en historias de corrupción, aunque estén sin juzgar. Solo nos faltaba ver a los protagonistas de los últimos escándalos pidiéndonos el voto. Y como pueden salir elegidos, solo nos faltaba verlos de alcaldes, concejales o en los escaños de los Parlamentos. De los regionales y del español.