Tasas judiciales: retractación incompleta

Fernando Salgado
Fernando Salgado LA QUILLA

OPINIÓN

03 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Las tasas judiciales que llevan la marca Gallardón constituyen una injusticia flagrante, una probable ilegalidad, una mentira manifiesta y un despilfarro de recursos. Hablo, además, en presente, porque la retractación aprobada por el Gobierno se ha quedado a medio camino: suprime el canon que penalizaba a las personas físicas, pero se mantiene para las pequeñas empresas. Antes de la barrabasada, las empresas con ingresos inferiores a ocho millones de euros estaban exentas y ahora seguirán pagando, si pueden o les compensa, cada vez que recurran a los tribunales de lo social o lo civil, o acudan a la tortuosa vía contencioso-administrativa.

Las tasas Gallardón suponían -suponen- una injusticia flagrante. Una discriminación que vulnera el derecho fundamental del acceso a la justicia. A unos los alejaba de los tribunales, por el efecto disuasorio de un peaje disparatado: recurrir una multa de tráfico de cien euros costaba 200 euros. Más caro el collar que el perro. A otros, simplemente, se les hurta la posibilidad de defenderse: no todo quisque puede pagar 1.200 euros por un recurso contencioso ante el Supremo. Calderilla para una gran empresa y muro inexpugnable para una microempresa. ¿Quién dijo que la justicia era igual para todos?

Acerca de su legalidad, tiempo habrá para que el Tribunal Constitucional diga la última palabra. Pero, al menos antes del arrepentimiento gubernamental y su coitus interruptus, los juristas tenían claro que violaba el principio de tutela judicial efectiva de los ciudadanos, recogido en el artículo 24 de la Constitución. Y aún dudo que, después de practicar la marcha atrás, el tasazo pueda superar limpiamente la ITV.

Las tasas judiciales son, en tercer lugar, una mentira manifiesta. No son tasas para costear o mejorar un servicio, sino un impuesto que tanto sirve para reducir el déficit, como para construir una carretera o pagar los viajes de Monago a Canarias. Lo acaba de reconocer el nuevo ministro de Justicia: desconoce el destino concreto de los 564 millones de euros recaudados hasta la fecha, porque se han diluido en «la caja común». Se trata de un impuesto, además, tremendamente regresivo: a mayor pobreza del contribuyente, mayor recorte de su derecho a la justicia.

La ley de tasas muestra, finalmente, un tipo de despilfarro que suele pasar inadvertido. El presidente del Gobierno contrata a un ministro para que le haga unas cuantas chapuzas: repintar el mapa judicial, enderezar algunas leyes orgánicas, revocar la ley del aborto que heredó de los anteriores inquilinos... Pese a cumplir escrupulosamente las instrucciones recibidas, el ministro pierde su empleo al rematar la obra. Y el presidente contrata a otro albañil solo para demoler lo realizado. Bendito Gobierno que funciona como una Penélope -la de Homero, no la de Serrat- con la secuencia invertida: lo que teje con nocturnidad y alevosía lo desteje -ay, solo parcialmente- cuando el amanecer anuncia elecciones.