«No son lo mismo unas imputaciones que otras», dijo Rafael Hernando, portavoz parlamentario del Partido Popular. Ahí quería ver yo a nuestros políticos cuando los jueces empiezan a practicar caza mayor. Cuando un imputado es de otro partido, hay que apartarlo rápidamente. Cuando es del propio, empiezan las distinciones. Si el asunto tiene que ver con la corrupción, se prescinde incluso de la presunción de inocencia con una sola condición: que el imputado sea un adversario y cuanto más importante, mejor, a degüello a por él y, desde luego, no puede presentarse en ninguna lista electoral. Si el imputado es compañero de militancia, se impone el «vamos a esperar», «no están claras las acusaciones» y otras gateras a las que nos tienen acostumbrados. Volvió a ocurrir ayer. Cuando se pregunta al PP si piensa que Imbroda, presidente de Melilla, debe encabezar las listas, el PP responde que sí, porque la imputación se hace por un suceso menor: una contratación a dedo. En la acera de enfrente, el juez llamó a declarar a Chaves y Griñán, y la posición oficial del PSOE, después de algunos tropiezos, es que todavía no se les imputa ningún delito.
¿Se imagina alguien lo que estaría diciendo el Partido Popular si Imbroda fuese militante del PSOE? ¿Se imagina lo que estaría diciendo el PSOE si Chaves y Griñán fuesen del PP? No habría palabras en el diccionario. Aunque solo sea por esa razón, se demuestran dos necesidades.
Una, la de cambiar el concepto de imputado en el léxico jurídico por la carga de culpabilidad que encierra su uso periodístico y popular. Otra, que se concrete un acuerdo político que determine cuándo un imputado debe cesar en sus funciones ejecutivas o representativas. En el proyecto de pacto de socialistas y populares se había llegado a la conclusión de que el cese debe producirse en el momento de citar al acusado a juicio oral. Si en el fondo ambos están de acuerdo, ¿por qué se enzarzan ahora en esa discusión? Porque no juegan limpio. Eso es todo. Dicho eso, añadamos que Chaves y Griñán son llamados a declarar como no podía ser de otro modo. Si la juez Alaya descubrió en ellos responsabilidad en el escándalo de los ERE, el Supremo les tiene que tomar declaración y la forma de hacerlo con asistencia letrada es la imputación. ¿Es caza mayor? Incluso muy mayor, de elefantes, porque ambos han sido presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía y ambos representan un cuarto de siglo de régimen socialista en el Sur.
A lo mejor no les imputa ningún delito; a lo peor, sí. En cualquier caso, ¡otro lío para Pedro Sánchez! ¡Otra piedra en su camino hacia el poder! ¡Y en tiempo electoral! Es que, cuando se tuerce la buena estrella, todo parece una conspiración.