¿Hacienda somos todos o un cortijo privado?


Me escandaliza menos la ristra de banqueros de postín, ejecutivos de cuello blanco, vilipendiados políticos e idolatrados deportistas con cuentas opacas en Suiza, que el nefando papel desempeñado por la Hacienda española en todo este asunto. En la lista confiscada por Hervé Falciani al banco HSBC en Ginebra aparecen 2.600 españoles. Aunque todos ellos fueran evasores, la relación apenas significa una gota en el océano del fraude fiscal que anega el país. Incluso, si pudiéramos considerar representativa la muestra, España no sale comparativamente malparada: ocupa el lugar 29 entre 200 países. Por detrás de Grecia, pero también de Alemania. Por detrás de Venezuela, pero también de Francia. Por detrás de Argentina, pero también del Reino Unido.

Lo de Hacienda, tan rigurosa con el modesto contribuyente y tan complaciente con el poderoso, sí constituye piedra de escándalo. La «lista Falciani» llegó a sus manos en el 2009, el año en que se derrumbaron con estrépito las economías occidentales. ¿Y qué hicieron los ministros de turno, primero doña Elena Salgado y después don Cristóbal Montoro, con la relación de sospechosos, aparte de solazarse con su lectura y subrayar nombres que pudieran serles de utilidad en la refriega política? Tres cosas.

Primero, la ocultación. Escondieron la lista de la mirada pública. Arguyeron que la Ley General Tributaria establece, en su artículo 95, que los datos de Hacienda «tienen carácter reservado». A finales del 2012, cuando arreciaron las críticas al oscurantismo, el ministro Montoro prometió suprimir el precepto legal y publicar el listado de los mayores defraudadores y morosos del reino. Pasaron los años, y ni una cosa ni la otra.

Segundo, las componendas. En la trastienda, aprovechando la penumbra y la ausencia de taquígrafos, la Agencia Tributaria y 659 clientes españoles del HSBC amañaron la cuestión y zanjaron -eufemísticamente, «regularizaron»- las cuentas pendientes. No hubo lesionados: Hacienda cobró alguna calderilla y, aunque defraudar más de 120.000 euros constituye delito, no hubo paseíllo de acusados desde la lista Falciani hacia los juzgados de guardia. Poco después, en el 2012, todos esos enjuagues cobraron carta de naturaleza legal mediante una generosa amnistía fiscal. Para acogerse al indulto, había que pagar un 10 % de los activos ocultos, pero solo de los tres ejercicios no prescritos. A muchos les bastó con abonar el 1 % de las cantidades defraudadas.

Tercero, la discriminación. La Ley General Tributaria impide colocar la lista de defraudadores en el tablón de anuncios, pero no parece evitar las filtraciones interesadas desde los ordenadores del fisco. No podemos conocer los depósitos de la familia Botín en las Islas Vírgenes, pero sí el último céntimo de las tres cuentas abiertas por el señor Monedero en España. ¿Se está utilizando la Agencia Tributaria, impúdicamente, como arma arrojadiza contra el enemigo? ¿Hacienda somos todos o solamente un cortijo privado del señor Montoro?

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
62 votos

¿Hacienda somos todos o un cortijo privado?