Por una doble moral, por miedo, desconocimiento o mezcla de todas y algunas más, demasiadas personas contribuyen con su proceder al fraude fiscal y a la economía sumergida, con el consiguiente empobrecimiento del país y su deslizamiento por la pendiente colectiva de la corrupción.
Los planes de Hacienda para perseguir el fraude fiscal de autónomos y pymes dejan en la sombra ese otro menos suculento, pero quizás más ejemplar, que es el que se produce en pueblos y pequeñas ciudades en las que todos se conocen.
Como dice un amigo que vive en uno de esos lugares: «Aquí muchos están parados, pasan revista y a los 20 minutos siguen trabajando. Todo el mundo hace chapuzas, todo en B, nadie cotiza, nadie paga el IVA, nadie hace factura. No hay tarifas por un servicio y te dan un precio distinto si va a ser con IVA o sin él». Sin duda, mi amigo exagera, pero cuando el río suena, agua lleva.
Contratar a piratas y opacos al fisco servicios de transporte, pintura, electricidad, fontanería, albañilería, cerrajería, informáticos, resulta de lo más corriente. Estos oficios los suelen ejercer españoles, y cada vez más extranjeros, y lo curioso es que muchos de ellos, según diversos servicios sociales y oenegés, solicitan ayudas sociales. Y quienes contratan esos cometidos en negro gozan de una nómina, pagan impuestos y tasas, y se quejan de pensiones escasas e insuficientes ayudas públicas a la natalidad, la crianza, la enseñanza, la farmacopea o el transporte público. ¿Hay incoherencia entre su proceder y sus peticiones?
A juicio del Ministerio de Hacienda, las dos grandes bolsas de fraude son las operaciones de compraventa entre constructoras e inmobiliarias, y las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. En el 2014, estudios de organismos como el Banco de España, el Consejo Económico y Social, el Instituto de Estudios Fiscales, el Banco Mundial y la Unión Europea cifraron la economía sumergida en España entre un 18,6 y un 24,6 % del PIB, frente a una media en la UE de entre un 15 y un 20 %, aunque sin tener en cuenta los datos de los países incorporados después de 1990. Y esa cifra de fraude en España representaba el equivalente a 240.000 millones de euros.
Siempre existirá economía sumergida y fraude fiscal (y se nos abrirán las carnes con lo descubierto en Luxemburgo con varias multinacionales que operan en Europa), pero tener una conciencia tan laxa sobre la corrupción propia y ajena de la gente corriente es otra manera de que se suicide lentamente una sociedad cada vez más envejecida, con menos población activa que paga impuestos y más necesitada de financiar servicios sociales.