Comprendo perfectamente que, para conseguir el éxito de un artículo sobre la responsabilidad penal de la infanta Cristina, hace falta una claridad de juicio que este cronista no tiene. Hace falta proclamarla culpable de todo lo que se imputa a su marido, porque al fin y al cabo ella es quien le aportó el rango para hacer negocios tan fáciles como facinerosos. O hace falta, por el contrario, proclamarla más inocente que una amapola, porque se limitó a recibir unos dineros de cuya procedencia nunca se le ocurrió preguntar porque confiaba ciegamente en su esposo, del que sigue tan enamorada.
Este cronista, lamentablemente, no tiene esa claridad de ideas, ni en un sentido ni en el contrario. Entiende que, si el fiscal es tan contundente en su escrito de calificación a favor de exculpar a la infanta, debe tener poderosas razones. Y entiende que el juez Castro, al pensar lo contrario, tiene las suyas. Cuento con que la infanta se sentará en el banquillo, porque el juez tiene la última palabra, y su inocencia o su culpabilidad será decidida por el juez o el tribunal que la juzgue. Sin embargo, a la vista de cómo se está perfilando la polémica, pido la venia de los lectores para expresar algunos deseos.
Me gustaría que la infanta sea procesada si tiene que serlo por la evidencia de los hechos o por indicios racionales de que ha cometido un delito o colaborado en su comisión. No por un factor tan ajeno a lo jurídico como es el beneficio o el perjuicio de la institución monárquica.
Me gustaría que fuese apartada de toda responsabilidad si es evidente que tiene que ser apartada, aunque me temo que estamos destinados a no saberlo nunca, porque en su caso, como el de la señora Ana Mato, siempre habrá que dejar algún margen a la duda: nadie sabe cuál ha sido su grado de conocimiento o de participación en las acciones de su marido. El concepto de «participación a título lucrativo» parece razonable.
Me gustaría que las actuaciones del juez Castro fuesen poco discutibles por sus razonamientos legales y verlo desprovisto de esas proclamaciones que lo declaran ejemplo de la independencia judicial porque se atreve con una infanta.
Me gustaría que, si doña Cristina es procesada y después condenada, no parezca que la Corona es la procesada o la condenada, puesto que la Corona tiene un titular y un orden de sucesión en el que doña Cristina ocupa el lugar que ocupa.
Y me gustaría, finalmente, que, si es procesada, sepa aplicarse a sí misma lo que la ley obligará a los políticos en caso de corrupción: dimitir. Ella solo puede dimitir de una cosa: de sus derechos dinásticos. Nadie la puede obligar. Depende exclusivamente de su voluntad. Pero sería un gesto que se merece este país.