En la fiesta de celebración del Gobierno porque en noviembre la afiliación a la Seguridad Social aumentó el 0,03 % no hubo sitio al drama de la desprotección creciente de los parados. España es el país con más personas en paro de toda Europa y también es uno de los que tiene un peor sistema de protección de los desempleados.
En los viejos principios del Estado social las personas que no pueden vivir de su trabajo -porque son mayores, están enfermas o porque no encuentran empleo-, tenían derecho a estar cubiertas por los sistemas públicos de protección. Pero ya no, o cada vez menos. La crisis está siendo utilizada como un ariete para asaltar el Estado del bienestar, para retroceder en derechos que parecían conquistados para siempre. Y la protección a los desempleados es uno de ellos.
Los datos publicados el martes dicen que en España hay 4.512.116 desempleados inscritos en las oficinas del antiguo INEM y que solo 2.446.687 tienen derecho a una prestación. O, dicho de otra forma, 2.065.429 están excluidos de la protección social. Una cifra que hay que elevar hasta 3 millones si utilizamos como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA). Son por lo tanto tres millones de personas que no tienen ingresos laborales, porque no tienen trabajo ni prestación por desempleo, una situación que roza el drama porque los sitúa en el borde de la exclusión que eluden solo por el apoyo de sus familias. La gente supliendo el absentismo del Estado neoliberal.
Al Gobierno se le llena la boca con que ya hemos salido de la crisis pero para millones de personas la situación es cada vez peor. En 2010 la cobertura a los desempleados era del 80 % frente al poco más del 50 % actual. El sistema se deteriora porque cada mes que pasa protege a menos gente y porque la cuantía de la prestación es menor. En el año 2008 la inmensa mayoría cobraba una prestación contributiva y ahora la mayoría son los que cobran subsidio que, en el caso general, es de apenas 400 euros.
Detrás de este profundo deterioro está la insoportable duración de la crisis y la precariedad laboral, pero también los recortes que aplicó el Gobierno del PP con el real decreto ley 20/2012 de 13 de julio. El resultado de esta tenaza es que cada vez hay más desempleados sin derecho a la cobertura por desempleo. Unos porque no han cotizado antes, otros porque no han cotizado lo suficiente y otros muchos porque después de años de crisis son parados de larga duración y han agotado las prestaciones.
Son recortes que provocan la desesperación de mucha gente y que, en ningún caso, están justificados por la falta de recursos. En 2014 el Estado va a gastar en protección 5.500 millones de euros menos de lo que le permite el presupuesto aprobado y por lo tanto hay dinero para mejorar la situación de los que peor lo están pasando en la crisis. Con esos recursos que no se van a gastar se podría dar cobertura a un millón de parados más cada año, pero el Gobierno ha decidido utilizar ese dinero para pagar su rebaja fiscal. O dárselo a los bancos.