Que el tempo político es distinto al jurídico, como ha dicho el fiscal general del Estado, es un hecho irrefutable en la España actual. Basta con repasar el aquelarre independentista catalán y contrastarlo con la ausencia, hasta ahora, de consecuencias jurídicas para sus brujos.
Los Gobiernos centrales llevan años de lenidad frente al desafío secesionista catalán (y vasco). La sensación de desamparo que tienen muchos ciudadanos es un hecho cierto que se apoya en la posición defensiva del Ejecutivo que, al parecer, no ve nada, no oye nada, no dice nada. El 9-N no habrá referendo. El 9-N no habrá consulta. El 9-N se cumplirá la ley, las resoluciones del Tribunal Constitucional y la Constitución.
Pero el 9-N hubo «proceso participativo», se desobedeció al Tribunal Constitucional, la Fiscalía se abstuvo, los jueces de guardia estuvieron inanes ante las denuncias presentadas, Artur Mas se pavoneó de ser responsable del guion, su vicepresidenta Joana Ortega informó periódicamente y en sede oficial, frente a cámaras de televisión, de los índices de participación, y dos consejeros dieron órdenes operativas. Y todo el vodevil a teatro lleno y por Internet.
El 9-N fue una mascarada, una farsa, una pantomima, una maniobra antidemocrática, pero fue. Fue y dejó un resultado hinchado y manipulado en el que algunos votaron dos, tres, cuatro, cinco veces en distintas urnas, que elevaron el resultado a uno o dos millones y pico de votantes. Pero fueron y consignaron una cifra de la comunidad nacionalista catalana.
Gran parte de la ciudadanía está perpleja e irritada por el espectáculo de desacato, chulería y dejación de autoridad del Estado. Un Estado ausente en Cataluña desde hace años porque, entre otras razones, la ley la pisotea allí un mediocre que presume de astuto y saca mentón, y por varios polichinelas que argumentan peregrinamente que cada vez que se aplica la ley (en Cataluña, ¡claro!), se producen desafectos y se alimenta el victimismo nacionalista. ¡Pues suprimamos las leyes!
Los nacionalistas se nutren de la inacción del Estado, y mirar hacia otro lado en la situación actual solo seguirá restando razones para seguir «la vida en común» que Ernest Renan ponía en el centro de la idea de nación: «Un plebiscito cotidiano con un objetivo compartido: continuar la vida en común». Urge la puesta al día de la Constitución y la acción redoblada y tenaz del Estado en Cataluña para activar el nacionalismo estatal de más de dos tercios del censo electoral que no tiene garantizados sus derechos.