Sí, ahí os quiero ver. Sobre todo, a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y al secretario general, Pedro Sánchez. Es muy fácil decir que quien la hace la paga, que en su partido no hay sitio para presuntos corruptos y que el simple imputado debe dejar sus cargos y la militancia. Es muy fácil decirlo hasta que se presenta la oportunidad de demostrarlo. Y esa oportunidad lleva los nombres de José Antonio Griñán y de Manuel Chaves. Susana Díaz ya sabe lo que es beber de ese cáliz: hace pocos días insistió en esa línea contundente y casi gritó para decir que no habría excepciones; pero cuando le preguntaron después por Chaves y Griñán ya empezó a recular diciendo que son dos personas de probada honradez personal y política.
El Tribunal Supremo no está tan seguro. Y como no está tan seguro, los va a investigar. Se proclamó competente, y va a determinar su grado de implicación en el montaje de los ERE y la disposición de fondos para el reparto de subvenciones legales e ilegales, pero siempre escandalosas. Esto ya es caza mayor. Ambas personalidades no son un diputado y un senador del montón. Han sido presidentes de la Junta de Andalucía, ministros del Gobierno central y nada menos que presidentes del Partido Socialista. Caza mayor, con un doloroso añadido para la presidenta andaluza: Griñán le facilitó la carrera política, la hizo consejera de su Gobierno y la situó de secretaria general y de presidenta de la Junta, la socialista más poderosa. ¿Lo expulsará si el Tribunal Supremo decide finalmente imputarlo?
Un problema humano, sin duda. Pero también un problema político, con riesgo de crear una escisión entre la vieja guardia y los jóvenes renovadores, que necesitan vitolas de luchadores contra la corrupción. Y todo ello, por la precipitación de poner el listón de los ceses en el nivel de imputación, como si ser imputado significase una condena segura. Chaves y Griñán todavía no han sido imputados, pero el PP ya se lanzó a pedir su cabeza con todo oportunismo, en la mejor aplicación práctica del «y tú más», que en este caso es como si el PSOE pidiese la cabeza de Rajoy por haber nombrado a Bárcenas y por los pagos en negro siendo él su presidente.
Lección de este episodio: luchen contra la corrupción todo lo que puedan, pero sean cautos - «proporcionados», diría Rajoy- en pedir y exigir responsabilidades. Si cesan a quien está imputado, pero ni siquiera está procesado, si lo someten a esa vergüenza y esa deshonra pública, ¿quién le devuelve el honor si después resulta inocente? A esa pregunta todavía nadie ha sabido responder. Pero el PSOE tiene ahora su problema particular: ser consecuentes con la ejemplaridad que predican. Por eso digo que ahí los quiero ver.