El lector de esta columna ya está al tanto de que desde las elecciones europeas vengo redactando un apretado resumen mensual de los hechos que, en mi opinión, continúan alimentando la emergente marea social de Podemos. Méritos atribuibles a nuestros numerosos e infatigables pirómanos sociales.
Empezamos conociendo que la base área militar de Getafe lo era de variados chanchullos económicos y, al mismo tiempo, cómo el ministro de Hacienda sacaba pecho contra los delitos de fraude fiscal de Pujol, aunque ya entre el 2000 y el 2004 pudo haber hecho lo que ahora dice que va a hacer.
No obstante, y mientras tanto, el clan de los Pujol recibía devoluciones de la Hacienda de Montoro por el IRPF, mientras pagaban por Patrimonio cuatrocientos euros; y se acumulan papeles según los cuales mientras un hijo mordía millones a empresas con contratos públicos, otro lo hacía con la ITV, y un tercero comprando miles de locales al primer banco del país, banco que luego se los arrendaba.
Por su parte, Fabra, condenado como gran defraudador a Hacienda, pidió ser indultado por el Gobierno de Montoro y al momento un tribunal aplazó su entrada en prisión. Todo un órdago disuasorio para los muchos defraudadores.
Después de animar el austericidio de la economía española, la OCDE concluye que el enfermo puede morir por inanición de devaluación salarial. No obstante, respecto a la Seguridad Social recomiendan bajar las cotizaciones, aunque generemos un déficit galopante. Siguiendo el mismo patrón, el BCE certifica el riesgo de recesión con deflación al que nos condujo su política más reciente; los bancos siguen prestando solo a los gobiernos, pero el BCE seguirá mirando para otro lado. Ni la OCDE ni el BCE parecen querer darse cuenta de que para salir de un pozo lo primero es dejar de cavar.
El déficit tarifario que llevamos acumulado este año (del Estado con las eléctricas) se dispara a los tres mil seiscientos millones sin que nuestro Tribunal de Cuentas, fiscalizador de la gestión económica del Estado, diga ni pío. Ya puestos, el Gobierno autoriza el pago de más de quinientos millones de las deudas que tienen nueve autopistas con concesiones privadas ahora en quiebra, y se rumorea que no le parecería mal crear un banco malo con los hoy dudosos activos de las eléctricas en renovables.
No se espera que ningún gran tribunal español multe a empresas farmacéuticas por sobornos realizados para que médicos o clínicas usen sus medicamentos; esas son cosas que suceden en China. Y mientras en el Reino Unido no es ilegal votar sobre la pertenencia al mismo, en el Reino de España se supone que aquí lo declarará ilegal un gran tribunal.
Por buena parte de todo lo anterior, cualificados analistas de nuestro Estado de derecho no dudan de la ejemplar competitividad y superioridad de nuestra democracia. Lo que se dice sin complejos.