L as fechas no han podido ser mejor elegidas. El 20 de diciembre del 2013, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley del aborto que anulaba la conocida como «ley de plazos» de Rodríguez Zapatero. El 23 de septiembre del 2014, don Mariano Rajoy, presidente del mismo Consejo de Ministros, daba orden de retirada a las milicias antiabortistas, como un general cuando ve la batalla perdida. La no nacida ley del aborto de Ruiz-Gallardón duró exactamente nueve meses y tres días, el tiempo de un embarazo. Ironías del destino.
La razón que el señor presidente esgrimió ayer es que no se debe aprobar una ley que vaya a ser anulada por otro Gobierno. Gran detalle, pero de dudosa sinceridad, porque lo mismo se podría decir, por ejemplo, de la ley de reforma laboral y nunca pasó por su cabeza la idea de retirarla. Mucho más cierto parece que ese proyecto de ley suscitaba tensiones cismáticas en el PP y le daba a este Gobierno un cariz ultraconservador poco recomendable para las citas electorales que vienen.
Ahora llegan las consecuencias políticas. La más gruesa, la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Era algo previsible. Tan previsible que hace pocos días escribimos aquí que, si había que hablar de dimisiones, tendría que dimitir todo el Gobierno por una razón: el ministro de Justicia ha sido el redactor del proyecto en función de una promesa electoral de su partido, y ha sido todo el Gobierno, menos precisamente Rajoy -que no estaba ese día-, el que aprobó el proyecto en Consejo de Ministros. Fue una aprobación colegiada. Con razón dice el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, que esos ministros no debían abandonar a un compañero a cuya ley dieron el visto bueno. Pero esas solidaridades no existen para el perdedor político.
La crisis abierta por Gallardón se cerrará fácilmente; eso espero. Pero quedan otras heridas abiertas. Queda la división dentro del propio Partido Popular, con un sector vencido y otro vencedor. Queda el descontento de los sectores que se manifestaron este último domingo a favor de la ley retirada y con la Iglesia detrás. Queda la lección ética que dice que importa más la rentabilidad de las urnas que los principios que llevaron al partido gobernante a incluir la reforma en su programa. Queda la lección de humildad de aquel Gallardón que prometió no cambiar una coma en la tramitación parlamentaria y no llegó ni a tener esa oportunidad. Y queda la lección suprema de que no se puede gobernar contra los criterios de la mayoría social. Con un añadido que es justo recordar ahora: Núñez Feijoo ha sido de los pocos que tuvieron la valentía de oponerse desde el principio a esta ley abortada. Le corresponde algún mérito en la retirada.