Cien millones. O casi. De momento, porque acabarán siendo más. Ese es el dinero que la Junta de Andalucía va a reclamar por ayudas fraudulentas o sin justificar en el caso de los ERE y de los cursos de formación. Todo un agujero negro por el que se ha escapado el dinero público a manos llenas. Curiosamente, que no casualmente, a amigos. Son tantas las evidencias de corrupción, de que se ha robado a manos llenas, con diurnidad y alevosía, que ya solo cabe preguntarse, una vez más, cómo es posible que tales prácticas se hayan prolongado en el tiempo. Cuando la codicia humana no encuentra freno en unas estructuras de control adecuadas todo es posible. Cuando a la falta de transparencia se le suma un partido que se perpetúa en el poder ocurre que un grupo de personas acaban usurpando y expoliando las instituciones. Ha ocurrido en Andalucía y allí donde no ha habido la conveniente alternancia de gobierno. Por eso es tan peligrosa una reforma que refuerce el poder de un único partido en las instituciones. Más vale prevenir que lamentar, como hace ahora la Junta. No basta con reclamar el dinero a quien se lo llevó ilegalmente. Lo siguiente que debe hacer Susana Díaz es proceder contra quienes desde la Junta no cumplieron con su obligación de vigilar el buen uso del dinero público. No sirve con irse del puesto para eludir las responsabilidades. Hay que pagar por ello. Sea quien sea, en este caso y en todos.