Ante la catarata de análisis explicativos (por no hablar de los descalificativos) de la emergencia electoral de Podemos que ha reforzado el último barómetro del CIS, creo que puede ser útil repasar su programa electoral. Sostengo que esa rebelión electoral tiene un núcleo inicial en un mensaje creíble dirigido a los colectivos más directamente maltratados por la crisis (económica, social e institucional) en España, pero que también ofrece un mensaje de futuro para amplios sectores de las clases medias que no confíen ya en el viejo bipartidismo giratorio, los que podríamos llamar capataces de la troika. De su suma derivaría un resultado potencial cuyos límites podrían dejar a más de uno perplejo.
Para eso, solo resumo algunas medidas de sentido económico del programa electoral de Podemos en las últimas elecciones europeas, que tienen una vertiente nacional directa. Aunque es importante subrayar que no es todo su valor potencial lo que se escribe, cuanto la credibilidad para no olvidarlo cuando se ventilen apoyos de Gobierno.
En un primer bloque agrupo propuestas directas en favor de los más castigados por la crisis y, al tiempo, limitando los privilegios de los que no se han enterado de casi nada hasta el momento. La medida más conocida se dirige a un colectivo de siete millones de personas que en España están por debajo del umbral de pobreza (que, según el INE, son 700 euros al mes).
Se trataría de garantizarles unos ingresos mínimos hasta ese importe, con cargo a impuestos. Hay aquí desde jóvenes parados de larga duración a pensionistas. Muchos de los primeros habrían acusado recibo y muchos de los segundos (ahora votantes bipartidistas) podrían hacerlo. Su coste medio ascendería a menos de treinta mil millones que, como se verá, saldrían del actual fraude fiscal.
En paralelo, se señalan medidas de austeridad para los que viven muy lejos de ese umbral de pobreza: salarios de los cargos electos no superiores al salario medio del país y una tributación y jubilación de cargos públicos sin privilegios.
También se proponen medidas para dignificar el mercado laboral de los más precarios: eliminación de empresas de trabajo temporal y de precarización del empleo juvenil, elevación de salario mínimo (actualmente en 748 euros/mes para 12 pagas) y un tope de salario máximo en el sector privado o poner freno a la feminización de los empleos con más precariedad y peor remunerados. Complementariamente, medidas para defender lo que podríamos denominar salario social: supresión del copago sanitario y farmacéutico, eliminación de cualquier subvención o ayuda a la enseñanza privada.
O medidas para los más perjudicados por el mercado financiero e inmobiliario español, tal que: paralización de desahucios de primeras viviendas, dación en pago con carácter retroactivo, corrección y ajuste de la deuda hipotecaria al precio de la vivienda y un parque de viviendas de alquiler social para colectivos de rentas bajas.
Continuaremos.