La universidad y sus crisis


A finales de los años ochenta del siglo pasado, el Gobierno de la Universidade de Santiago de Compostela -al que tuve el honor de pertenecer- trabajaba con intensidad e inteligencia (es mi opinión), junto al Gobierno y Parlamento gallego, para diseñar, construir y ordenar un nuevo sistema universitario en Galicia. El desafío era apasionante y complejo, pero la voluntad y el esfuerzo de todos también. Van allá 25 años y conviene analizar determinados aspectos positivos y negativos que esta reforma democrática, de corte estructural, significó en la cultura y desarrollo del país. La reforma se sustentaba en la Ley 11/1989, que creaba dos nuevas universidades (A Coruña y Vigo) a partir de la universidad existente (Santiago de Compostela), regulaba el nuevo sistema universitario (modificado ahora por la Ley 6/2013) y exigía la presentación de un plan de financiación, período 1990-1996, que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia.

La descentralización universitaria facilitó el acceso de numerosos jóvenes a la educación superior, al reducir los costes indirectos (transporte, residencia, alimentación) que dichos estudios suponen para gran parte de las familias. De unos 60.000 estudiantes matriculados, se alcanzaron en pocos años cifras superiores a los 100.000. Estas mejoras en el capital humano enriquecieron a la sociedad gallega y explican en parte su evolución reciente. Pero también se constatan errores y deficiencias. Por ejemplo, la duplicidad de titulaciones no justificadas en diversos campus, la indefinición de perfiles específicos en los mismos, las endogamias y los consentimientos profesionales, la descoordinación investigadora o la presencia de desajustes en la financiación del sistema. Pese a todo, se puede afirmar que, hasta el inicio de la crisis (2009), la reforma del sistema universitario gallego ofreció balances positivos que deberían ser conservados y mejorados.

La Ley 6/2013 que regula en la actualidad el sistema universitario de Galicia, tiene como objetivo principal resumir los cambios introducidos en el sistema académico para su ajuste al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), clarificando a su vez los derechos, deberes y libertades de la comunidad universitaria, incorporando los principios de eficacia y eficiencia en su gestión, acercando la investigación y tecnologías a los sectores productivos, ajustando los estudios universitarios a la actividad empresarial para favorecer el desarrollo, empleo y sostenibilidad ambiental. Es el discurso legitimador del preámbulo legislativo. Pero desgraciadamente la realidad es distinta. El sistema universitario está empobrecido. Los alumnos no llegan a 63.000. Las becas se volatizan y los Gobiernos ignoran la importancia de la investigación.

X. Álvarez Corbacho es Catedrático de Economía Aplicada y exvicerrector de la USC.

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