Qué quieren los catalanes es pregunta que se hacen los otros españoles que andan preocupados con asuntos perentorios de la vida cotidiana, que no son escasos. A veces puede hacerse la pregunta con extrañeza, pero no faltan ocasiones en las que asoma una cierta irritación. No resulta fácil de entender desde periferias más desatendidas. No hace falta desarrollarlo, pero cualquier aislamiento o lejanía limita o retrasa el desarrollo a que se tiene derecho. También eso forma parte de la historia, que no puede orillarse. Aquel interrogante se plantea porque incide en el resto de las comunidades que integran España, el sujeto de la Constitución. El reiterado desafecto de Cataluña tiene el riesgo de ser correspondido desde las demás comunidades, con la consecuencia de poner en riesgo la «patria común» que pusimos en el muy pensado artículo 2 de la Carta Magna y con la paradoja de fortalecer la incubada iniciativa secesionista.
La pregunta, formulada en sus estrictos términos, podría ser considerada como una obligación de la Generalitat, lo mismo que en cualquier otra comunidad. También la Xunta debe conocer qué quieren los gallegos. Aunque la respuesta se da en las elecciones, que para eso se convocan con periodicidad, cabe realizar consultas al margen de ellas. Complementan el sistema de representación democrática. La cuestión reside en lo que se pregunta y en cómo se hace. Y en ambos puntos el Parlament se ha excedido. No concierne solo al pueblo catalán y el acuerdo se adopta de modo unilateral, fijando la fecha de la consulta, sin esperar a la decisión del Tribunal Constitucional, con falta no ya de la lealtad, que se exige por supuesto en un Estado federal, sino de normas de buena educación democrática. La consecuencia de ello es que Mas, como presidente de la Generalitat, ha abortado esa consulta, sin margen para otra. Tendrá que asumir su responsabilidad.
La alternativa propuesta resulta sesgada. Se limita a la alternativa que conduce a la aceptación o rechazo de que Cataluña se constituya en Estado. No es el modo adecuado para conocer realmente lo que quieren los catalanes, ni tampoco lo son las Diadas por espectaculares que parezcan. La pregunta, no obstante, queda en el aire. ¿Por qué se ha planteado en Cataluña o en el País Vasco y no en otra parte de España? La singularidad no es inventada ahora y se encuentra implícitamente reconocida en la Constitución. Es un dato a no olvidar. ¿En realidad, CiU quiere la independencia a la que dialécticamente sigue amarrado su líder? ¿Cuánto hay de error y empecinamiento, cuánto de táctica para conseguir ventajas? ¿Puede reducirse a términos económicos el problema? Demasiados interrogantes para soluciones simplistas que están surgiendo, con orientaciones contrarias. Por medio andan sentimientos que no se someten a la pura racionalidad. Habrá que concretar qué quieren los catalanes y hacer ver cómo ha de conciliarse singularidad, pertenencia a un todo común y solidaridad.