Que se descubra un fármaco eficaz contra la hepatitis C es una gran noticia. El Sofosbuvir es un hito médico que podría erradicar esta grave enfermedad. Estamos hablando de una patología que solo en nuestro país afecta a unas 900.000 personas y que puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado. La Agencia Europa del Medicamento aprobó el fármaco el pasado mes de enero, pero en muchos países -como España- aún no se ofrece por parte de la red pública porque las autoridades sanitarias están negociando con el fabricante el precio para incorporar el fármaco al sistema sanitario sin que, hasta el momento, hayan llegado a un acuerdo por el elevado coste del compuesto: el tratamiento completo cuesta casi 60.000 euros (unos 700 euros por pastilla). Según la Asociación Española para el Estudio del Hígado, unos 3.000 pacientes españoles necesitarían con urgencia la administración del nuevo medicamento.
Siempre pensé que hay una contradicción entre tener sistemas sanitarios públicos (que se rigen por criterios de justicia y equidad), cuyos medicamentos (una parte muy importante del sistema) son producidos y suministrados por una industria farmacéutica privada (que se rige por estrictos criterios de mercado y de beneficio).
En algún momento esa contradicción tenía que explotar y generar problemas graves (porque fricciones siempre las ha habido). Ese momento ha llegado. Porque la percepción de que estamos ante un coste abusivo y claramente inmoral en el caso del Sofosbuvir puede aplicarse también a los últimos antitumorales y a otras innovaciones farmacológicas (que, a veces, no son más que un mero maquillaje de un fármaco ya existente para poder prolongar la vida de la patente y, de paso, aprovechar para subir los precios). Cierto que es necesario recuperar los costes de investigación y desarrollo; cierto también que quien monta una empresa lo hace para ganar dinero; pero es igualmente cierto que hay que poner un límite justo a esos beneficios.